Mientras el Gobierno y los medios oficiales ignoran la fecha, la policía ha estado actuando desde hace varios días para evitar que testigos directos o familiares de víctimas se reúnan o hablen de ese episodio. En esta ocasión, al menos cinco personas han sido arrestadas en diferentes episodios de recuerdo de las protestas democráticas y su violenta represión, según la organización Human Rights Watch.

Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han vuelto a pedir de forma unánime al Gobierno chino que admita lo que ocurrió y compense a los familiares de las víctimas cuyo número se desconoce (aunque se cifra entre cientos y miles) debido al bloqueo informativo oficial.

Este año el acento se ha puesto en cómo, debido al paso inexorable del tiempo, los padres de los muertos van falleciendo sin conseguir que se haga algún tipo de justicia, especialmente un reconocimiento oficial de lo que pasó y una compensación. "Hasta ahora, al menos 41 miembros de nuestro grupo de familiares de víctimas han fallecido. Su mayor lamento es no haber podido ver que se ha hecho justicia", señaló esta semana el grupo Madres de Tiananmen, en un documento divulgado por Human Rights in China.

La noche del 3 al 4 de junio de 1989 

Unidades blindadas y de infantería del ejército chino entraron en la Plaza de Tiananmen y zonas adyacentes para desalojar a los ciudadanos, inicialmente estudiantes pero también trabajadores y profesores, que desde hacía casi siete semanas llevaban protestando en favor de una democratización del régimen comunista. Esa protesta ocurrió en la estela de lo que estaba teniendo lugar en la antigua Unión Soviética y los países de Europa central y oriental al hilo de las reformas lanzadas en Moscú por Mijail Gorbachov.

Los militares dispararon sobre la multitud en algunas zonas próximas a Tiananmen, especialmente al oeste, mientras se acercaban a la plaza para sellar el acceso. Allí, tras una tensa negociación, los ocupantes accedieron a evacuar el lugar y evitar una nueva matanza.

Tanques de guerra contra civiles

"Los hechos han demostrado que el camino al desarrollo que hemos elegido sirve a los intereses fundamentales de China y de su pueblo, y satisface las aspiraciones de toda la nación china", añadió una portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying.

"Las autoridades chinas han continuado desde 1989 con su intento de distorsionar y enterrar la verdad, forzando al país a olvidar y a sus generaciones más jóvenes a ignorar la historia", afirmó hoy por su parte Human Rights Watch, quien lamentó la "completa impunidad" que siguen disfrutando de los responsables de la masacre.

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