El presidente de Perú, Martín Vizcarra, autorizó este domingo la intervención militar en un terminal portuario de la región Arequipa, al sur del Perú, donde desde hace más de 20 días se desarrolla un paro indefinido en rechazo al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern, del Grupo México.

Mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, y firmado por el mandatario, así como por los ministros de Defensa y el Interior, se detalla que esta intervención se realizará para mantener "el orden interno en el Terminal Portuario de Matarani", ubicado en la provincia arequipeña de Islay.

Asimismo la resolución precisa que esta presencia militar culminará a los 30 días calendario, y que se llevará a cabo como "apoyo a la Policía Nacional del Perú, sin que releve la activa participación de esta". "El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú", agrega el texto, que se publica un día antes del inicio de un nuevo paro indefinido anunciado para este lunes por un sector obrero de la población, que se suma a las protestas de los agricultores del Valle del Tambo, quienes señalaron se afectarían con el proyecto de extracción de cobre.

Según precisa el anuncio del Gobierno, con esta medida se busca "contribuir y garantizar los derechos a la libertad y seguridad personales, al libre tránsito por las vías y carreteras y del derecho a la paz", sin que por ello se afecten "los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Perú, leyes y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos".

El proyecto Tía María, que requerirá de una inversión de 1.400 millones de dólares para una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120.000 toneladas de cobre cuando esté en operación y se calcula que generará 1.500 millones de dólares en canon y regalías en los 20 años que tiene previsto estar operativa.

No obstante, las autoridades regionales y los agricultores consideran que la mina dañará el ecosistema, los recursos hídricos y sus cultivos, por lo que han solicitado a Vizcarra la anulación de su licencia de operación.

Por su parte, Southern Perú afirma que usará agua de mar desalinizada para sus operaciones y que construirá un ferrocarril y una vía de acceso "a distancia prudente" del valle para el transporte de sus suministros y producción.

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