El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la aplicación de un Estado de Excepción con el objetivo de liberar las carreteras bloqueadas y restablecer la circulación en distintos puntos del país, en medio de un conflicto social que ha afectado el abastecimiento, el transporte y diversas actividades cotidianas.
A través de una declaración pública, el mandatario sostuvo que la medida busca garantizar la normalidad y permitir que la población pueda desarrollar sus actividades sin restricciones derivadas de los cortes de ruta.
“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, afirmó.
El jefe de Estado agregó que la decisión no busca alterar la vida cotidiana de la ciudadanía, sino recuperar las condiciones necesarias para el funcionamiento normal del país. “Este Estado de Excepción no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, señaló.
Acuerdo con la COB y ruptura con otros sectores
La declaración del Estado de Excepción se produjo después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), organización que anunció el levantamiento de las medidas de presión a nivel nacional.
Sin embargo, el Ejecutivo no logró consensos con la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari ni con sectores afines al expresidente Evo Morales, que rechazaron el entendimiento suscrito por la COB.
Tras conocerse el acuerdo, dirigentes de la organización campesina acusaron a la central obrera de romper la alianza que ambas agrupaciones mantenían durante las movilizaciones y cuestionaron su decisión de negociar por separado con el Gobierno.
¿Qué implica el Estado de Excepción en Bolivia?
La aplicación del Estado de Excepción está regulada por la Ley 1740, que establece que la medida debe formalizarse mediante un Decreto Supremo.
La normativa señala además que la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá verificar y pronunciarse sobre la decisión presidencial en un plazo máximo de 72 horas desde su emisión.
Asimismo, la ley contempla que las Fuerzas Armadas puedan prestar apoyo a la Policía Boliviana cuando la capacidad operativa de esta resulte insuficiente para enfrentar situaciones que comprometan la seguridad pública o la estabilidad institucional.
Pese a la aplicación de la medida excepcional, el presidente Paz Pereira aseguró que el Ejecutivo continuará abierto a conversaciones con los sectores que estén dispuestos a negociar.
“Las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe. Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”, sostuvo.
