La decisión de despedir de su cargo a un político sueco que trabajó como actor de películas para adultos bajo una identidad secreta no se habría fundamentado únicamente en su pasado en la industria pornográfica, sino en eventuales riesgos para la seguridad.
El protagonista, Lars Eriksson, un exparlamentario de 55 años vinculado al Partido Socialdemócrata de Suecia, se desempeñaba como funcionario municipal en Jokkmokk, una pequeña localidad del norte del país.
Su carrera era conocida a nivel local, pero adquirió relevancia internacional luego de que una investigación periodística revelara que, antes de asumir sus funciones en el municipio, había trabajado como actor, productor y director de contenido para adultos en Estados Unidos, utilizando el seudónimo de “Hans”.
Aunque Eriksson defendió la legalidad de sus actividades, un comité municipal decidió despedirlo en octubre de 2026.
¿Cuáles fueron las razones de seguridad para despedir al político sueco?
La explicación del despido estaría relacionada con la importancia estratégica de Jokkmokk, la localidad de aproximadamente cinco mil habitantes ubicada en el norte de Suecia donde se desempeñaba.
La zona alberga importante infraestructura hidroeléctrica y un campo de entrenamiento ártico vinculado a la OTAN.
En ese contexto, expertos plantearon que la existencia de material pornográfico protagonizado por Eriksson podría haberlo expuesto a eventuales intentos de chantaje por parte de potencias extranjeras.
El pasado como actor porno bajo el seudónimo de “Hans”
La investigación periodística estableció que Eriksson participó en producciones para adultos entre 2018 y 2022.
Durante ese período, después de dejar su escaño parlamentario, se trasladó a Estados Unidos y comenzó a trabajar en la industria pornográfica.
Bajo el nombre artístico de “Hans”, desarrolló distintas funciones relacionadas con la producción de películas, incluyendo interpretaciones frente a las cámaras.
¿Qué dice la normativa chilena sobre funcionarios que venden contenido para adultos?
En Chile, la Contraloría General de la República ha abordado el tema mediante un dictamen sobre funcionarios que comercializan contenido para adultos.
El organismo estableció que vender este tipo de material no constituye automáticamente una falta disciplinaria.
Sin embargo, cada institución debe determinar si la actividad afecta el cumplimiento de los deberes asociados al cargo.