AFP

Ahogada por una severa crisis económica, Venezuela cayó en default parcial (selective default) luego de que no lograra pagar 200 millones de dólares en sus bonos globales, según lo declaró el martes la agencia calificadora Standard & Poors.

La agencia dijo que actuó tras los 30 días de gracia otorgados para hacer los pagos de dos bonos. "Hemos bajado dos calificaciones a 'D' (default), y bajamos la calificación de la deuda soberana en moneda extranjera a largo plazo a 'SD' (default parcial)", indicó S&P.

La declaración de cesación parcial de pagos se produjo tras una reunión que celebró el lunes el gobierno con acreedores, a quienes no ofreció un plan concreto para la renegociación de la deuda de Venezuela y su petrolera PDVSA, de unos 150.000 millones de dólares.

Aunque la cita, que duró apenas unos 25 minutos, fue considerada exitosa por el gobierno de Nicolás Maduro, los acreedores salieron decepcionados.

"Se inició con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda externa (...) como estrategia para cumplir cabalmente con nuestras obligaciones", según un comunicado oficial.

El vicepresidente Tareck El Aissami, jefe negociador, prometió la creación de mesas técnicas para "evaluar propuestas" en próximas citas, sin dar fechas, dijeron a AFP participantes.

El Aissami declaró la televisión oficial que Venezuela está "blindada", pero acusó al gobierno de Donald Trump de "cerrar vías" al país con sus sanciones financieras.

Maduro anunció el 2 de noviembre que su país buscaría "refinanciar y reestructurar" la deuda, debido a una "persecución financiera" comandada por Estados Unidos. "El default nunca llegará", afirmó el domingo.

Según el gobierno, acudieron a la cita inversionistas locales, de Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Chile, Portugal, Colombia, Argentina, Japón y Alemania; pero otras fuentes dijeron a AFP que varios extranjeros no asistieron pues Estados Unidos sancionó a El Aissami, prohibiendo a sus ciudadanos tratar con él.

Default esperado 

Un incumplimiento puede declararse por el gobierno, los grandes acreedores o las agencias calificadoras. S&P es la primera.

En Nueva York, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, se reunió para determinar "si ha ocurrido un cese de pagos" de un bono de PDVSA, por 1.161 millones de dólares.

El gobierno asegura que ya transfirió esos recursos, pero los acreedores no los habían recibido el viernes. La evaluación de ISDA seguirá el martes y si es negativa desencadenaría el pago de los seguros CDS (Credit Default Swaps).

Caracas no ha aclarado si pagó la cuota vencida el viernes, de 81 millones de intereses de un bono de PDVSA, así como los 200 millones de deuda soberana que debían cancelarse este lunes.

Con reservas internacionales de solo 9.700 millones de dólares, Venezuela debe pagar en lo que resta del año al menos 1.470 millones de dólares y para 2018 tiene obligaciones por más de 8.000 millones.

Los analistas vaticinaban que llegaría el default, aunque divergían sobre el plazo.

China y Rusia, ¿el salvavidas? 

Maduro anunció avances en renegociaciones con sus aliados China -al que se adeuda unos 28.000 millones- y Rusia, que esta semana firmará un acuerdo que reestructura 3.000 millones de los 8.000 millones que le debe Venezuela.

China y Rusia boicotearon junto con Bolivia y Egipto una reunión informal en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, en la cual Estados Unidos calificó a Venezuela como "una amenaza".

Maduro enfrenta fuerte presión internacional. Sumándose a las sanciones de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea adoptó el lunes medidas que impiden a empresas europeas entregar a Venezuela armas o equipos para "represión interna".

La UE creó también un marco jurídico de sanciones contra autoridades y entidades venezolanas acusadas de violar derechos humanos. Caracas calificó las medidas de "hostiles" y citó al cuerpo diplomático europeo a una reunión el martes.

Según Eurasia Group, Maduro busca "liberar recursos" para importaciones de cara a los comicios presidenciales de 2018; pero a mediano plazo la crisis empeoraría y Venezuela enfrentaría litigios y posibles embargos de activos de PDVSA, como CITGO, su filial en Estados Unidos.

Con el desplome de los precios del petróleo, fuente de 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente importaciones para pagar deuda, provocando severa escasez de alimentos y medicinas.

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