El parlamento turco aprobó una ley que reduce las penas y permite liberar a unos 90.000 presos, el 30 % del total, para descongestionar las prisiones ante la pandemia de coronavirus, pero que deja fuera a periodistas, políticos y activistas opuestos al Gobierno.
La nueva norma fue aprobada la pasada madrugada con el apoyo de 279 diputados del gobernante AKP, el partido islamista del presidente Recep Tayyip Erdogan, y sus aliados.
Durante el debate, la oposición denunció que la medida de gracia excluya a unos 85 periodistas y cientos de exdiputados, alcaldes y militantes del HDP, condenados en aplicación de la ambigua ley antiterrorista. El cambio legal excluye también a los condenados por terrorismo, asesinato, tráfico de drogas o abuso sexual.
La nueva ley permite la libertad condicional de quienes han cumplido ya la mitad de su pena, que quedaran sometidos a un periodo de prueba de tres años.
Los presos mayores de 65 años, las mujeres que viven con sus hijos pequeños en la cárcel y aquellos que están enfermos seguirán cumpliendo su pena en arresto domiciliario.
Cárceles saturadas
La ley, propuesta por el AKP, busca aliviar la situación de saturación de las cárceles turcas, que albergan a unas 300.000 personas, pese a tener capacidad para sólo 200.000.
El argumento es reducir el riesgo de contagio por la actual pandemia de coronavirus, que ha contagiado ya a diecisiete prisioneros en cinco cárceles distintas, de los que tres han fallecido.
Aunque el Gobierno tenía planes de mejorar las condiciones en las cárceles desde las elecciones de junio de 2018, la COVID-19 ha acelerado ahora la aplicación de esa medida.