AFP

La exfiscal general venezolana Luisa Ortega aseguró este miércoles en Brasilia disponer de "muchas pruebas" que involucran al presidente Nicolás Maduro y sus principales aliados en millonarios casos de corrupción.

Dispongo de "muchas pruebas, y concretamente en el caso de negociados con la constructora brasileña Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República" así como a dos de sus principales lugartenientes, "los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez", señaló la exfiscal.

Durante una reunión en Brasilia de fiscales de los países del Mercosur, Ortega anticipó que cedería ese material a otros países para que avancen con las investigaciones.

También "en el caso de Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa española denominada TSE Arietis", señaló en su primeras declaraciones tras huir de Venezuela el pasado viernes.

Pero el asambleísta, una de las figuras más poderosas del partido oficialista, consideró falsas esas acusaciones. "Son mentirosos, son falsos", afirmó.

La constructora brasilera confesó haber regado de sobornos a funcionarios de América Latina y África, en una jugada que puso en jaque a presidentes y exmandatarios y ha desatado un choque entre el poder judicial y el político en varios países.

"Muerte del derecho" 

Ortega admitió que teme por su vida. "Hago responsable al gobierno venezolano si eso llega a ocurrir", señaló la exfuncionaria de 59 años.

Prófuga desde el viernes pasado, cuando se refugió en Colombia tras denunciar una persecución política, Ortega, que planea regresar a Bogotá, recibió un fuerte aval de los procuradores de la región.

"En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro", dijo la exfuncionaria, acogida como "legítima fiscal general de Venezuela", en palabras del Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot.

"No hay garantía de que en Venezuela alguna investigación relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción tenga una condena, una sanción (...), porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas", afirmó.

"Hay muchos intereses en Venezuela porque no se investiguen los hechos de corrupción, los hechos relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo", insistió Ortega.

Pero Cabello cuestionó el momento en que la exfiscal decidió para hablar abiertamente de esas acusaciones: "¿Por qué no investigaste cuando eras fiscal, mi reina? Pareciera que está loca", dijo.

En Venezuela, Odebrecht ha participado en obras del aeropuerto de Maiquetía, teleféricos en Caracas, trabajos en una central hidrológica y un puente sobre el Lago de Maracaibo, en el oeste del país.

Una decena de ellas están paralizadas, según la fiscal.

"Seguiré luchando" 

Caracas la busca tras acusarla de supuesta participación en un esquema de corrupción y anunció que buscará su captura internacional vía Interpol, pero Ortega no parece temer una eventual extradición.

"Seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pase en Venezuela y denunciar la violación a los derechos humanos", proclamó.

Seguidora del fallecido exmandatario Hugo Chávez, Ortega rompió con Maduro al oponerse a la instalación de la Asamblea Constituyente, que regirá con poderes absolutos, y es considerada un quiebre del orden democrático por una docena de países de la región.

El gobierno conservador del presidente brasileño Michel Temer, que asumió tras el impeachment que el año pasado terminó en la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, ha cuestionado duramente al proceso venezolano. 

Pero Brasil está inmerso en su propia seguidilla de escándalos de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato de Petrobras, que tiene en Odebrecht uno de sus principales involucrados. 

La investigación alcanzó al mismo Temer, a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor y Rousseff y tiene bajo la lupa de la justicia a ministros y decenas de legisladores.

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