El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó este miércoles la firma del decreto que da vida al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio paso a la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.
La política tiene como objetivo general esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino de las personas víctimas de desaparición forzada durante el régimen.
“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, expresó el jefe de Estado.
“Como Estado haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ir corriendo las barreras de lo que nos han dicho que es posible, para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de los compatriotas víctimas de desaparición forzada”, añadió.
El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia busca que se garantice el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.
Durante la dictadura cívico-militar, tras el golpe de Estado, 1.469 personas fueron identificados como víctimas de desaparición forzada, entre quienes 1.092 corresponden a detenidos desaparecidos.
Hasta ahora, se han identificado 307 víctimas de desaparición forzada.
La política anunciada este 30 de agosto, Día del Detenido Desaparecido, también compromete que continuarán las labores de búsqueda, recuperación e identificación de víctimas, y la posible restitución de las personas víctimas de desaparición forzada.
La política trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará, con las investigaciones judiciales -a través de la concreción de pericias y diligencias pendientes y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.