A casi dos años del megaincendio que afectó a Viña del Mar y sectores aledaños, dejando más de 137 personas fallecidas y cerca de 4.300 viviendas destruidas, cientos de familias aseguran que la reconstrucción prometida por el Estado aún no se concreta o avanza a un ritmo insuficiente.
Este pasado miércoles, el Presidente de la República visitó uno de los sectores más golpeados por la emergencia, donde se entregaron nuevas viviendas en el sector El Olivar.
En la instancia, el Mandatario reconoció que el proceso ha sido más lento de lo esperado y aseguró que se ha reforzado la presencia en terreno para acelerar los trabajos.
De acuerdo con cifras oficiales, de las 2.746 viviendas que cuentan con subsidio asignado, 1.226 ya se encuentran terminadas o entregadas, mientras que 789 siguen en proceso de construcción. Sin embargo, persiste la incertidumbre respecto de más de 1.500 familias que aún no cuentan con una solución habitacional definitiva.
El Gobierno estima que el avance total de la reconstrucción alcanza un 45%, una cifra que es cuestionada por abogados y representantes de los damnificados, quienes aseguran que los porcentajes no reflejan la realidad en terreno y que muchos afectados siguen esperando un contacto formal por parte de las autoridades.
A esto se suma la denuncia de fallas estructurales en algunas viviendas ya construidas, las que, según los propios afectados, han debido ser demolidas para iniciar nuevamente el proceso.
Familias de Viña del Mar excluidas de la ayuda estatal
Uno de los puntos más críticos del proceso corresponde a cerca de mil familias que quedaron fuera de los beneficios estatales por motivos administrativos, como la tenencia de una segunda propiedad o problemas con la regularización de títulos de dominio.
Según los afectados, esta situación los ha convertido en “damnificados de segunda categoría”.
Las autoridades han señalado que la elegibilidad para los beneficios responde a normas y leyes vigentes, aunque reconocen que existe disposición para evaluar cambios normativos que permitan ampliar la cobertura, considerando la magnitud inédita de la catástrofe.
Además de las pérdidas materiales, las familias afectadas denuncian la falta de apoyo psicológico y de contención emocional, especialmente entre quienes perdieron a familiares durante el incendio.
Casos como el de Carlos, quien perdió a su hija y a la madre de la menor, reflejan una problemática de salud mental que, según los damnificados, no ha sido abordada de manera sistemática por el Estado.
