La investigación por presuntas irregularidades en contratos de alimentación de la Junaeb destapó varios antecedentes que presentó la Fiscalía Oriente ante el Cuarto Juzgado de Garantía. No solo se indagan presuntos pagos de coimas para favorecer a una empresa en los procesos de licitación, sino que también eventuales presiones para sacar de sus cargos a funcionarios encargados de fiscalizar.
El antecedente aparece en medio de una investigación que se mantuvo bajo estricta reserva antes de que la PDI concretara los allanamientos e incautaciones de este jueves. La indagatoria no solo alcanza a exfuncionarios de la Junaeb y empresarios del rubro de la alimentación, sino que también puso bajo la lupa a dos senadores en ejercicio y a un exdiputado.
Este jueves, la fiscal Constanza Encina encabezó las diligencias en domicilios de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, además de las oficinas centrales de la Junaeb y dependencias del Congreso. El objetivo fue incautar celulares y computadores, junto con acceder a correos electrónicos de distintas personas mencionadas en la investigación.
Entre las personas a las que apuntaron las diligencias están los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND), el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), el asesor político Gianni Rivera (DC), el abogado Darío Calderón y los empresarios Matías Pizarro y Jaime Rey.
La PDI también solicitó los aparatos tecnológicos de Camila Rubio, exdirectora de la Junaeb; Claudio Alcatruz, exjefe de Alimentación de la institución; Reinaldo Oliva, de la Asociación Gremial Adena; y Hans Linneberg, director ejecutivo del Centro Corporativo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Pero, ¿qué antecedentes llevaron a la Fiscalía a solicitar estas diligencias? En el documento presentado al tribunal, el Ministerio Público expuso una serie de elementos que, a su juicio, dan cuenta de “graves irregularidades” en la ejecución de contratos de licitación pública a cargo de la empresa Soser para la “prestación de servicios de alimentación” en distintos establecimientos de la Región de O'Higgins.
Según la Fiscalía, entre los hechos investigados aparecen declaraciones sobre raciones de alimentación que no se ajustarían a la realidad, certificados falsificados que habrían permitido pagos improcedentes, información falsa y beneficios indebidos para directores de colegios públicos y encargados del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
A partir de esos antecedentes, el Ministerio Público sostiene que se habrían cometido “delitos reiterados” de soborno y cohecho a funcionarios públicos, con el objetivo de “favorecer los intereses de la empresa Soser". La investigación también apunta a que la compañía habría obtenido información reservada relacionada con los procesos de licitación de la Junaeb.
El Ministerio Público también sostiene que este mecanismo fue "sostenido en el tiempo", acusando además que los imputados habrían presionado a la cúpula de la Junaeb para conseguir la “remoción de funcionarios que desempeñaban funciones de fiscalización, a cambio de beneficios económicos y de índole laboral”.
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