Los padres de una adolescente que estudiaba en el Instituto Regional del Maule en San Javier, presentaron una demanda por un total de $200 millones contra la Superintendencia de Educación.
La acción judicial surge luego de una serie de fiscalizaciones realizadas al establecimiento por las denuncias de bullying que habría sufrido la estudiante en su etapa escolar.
De acuerdo con una investigación publicada por Bío Bío Investiga, la familia cuestiona la forma en que actuó la autoridad educacional y sostiene que existieron irregularidades durante la tramitación de sus denuncias. La Superintendencia realizó tres procesos de fiscalización y solo en el último resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra el establecimiento.
Los padres llevaron ahora el caso ante el Juzgado Civil de Santiago, donde solicitan $100 millones de indemnización para cada uno.
Las denuncias de la familia por bullying:
Los antecedentes se remontan a los años en que la adolescente estudiaba en el Instituto Regional del Maule. Sus padres aseguran que no han podido determinar exactamente durante cuánto tiempo habría sufrido acoso escolar, aunque creen que la situación comenzó durante la enseñanza básica.
La familia sostiene que el establecimiento no activó oportunamente los protocolos correspondientes pese a las señales que existían.
Dos años antes de la muerte de la estudiante, su madre acudió a la dirección del colegio luego de enterarse de que su hija atravesaba una delicada situación emocional. En esa oportunidad solicitó la activación de un protocolo y medidas de apoyo y resguardo
Según Josefina Letelier, abogada de la familia, no tienen antecedentes e que las sesiones de apoyo especializado se hayan concretado ni que se haya activado el protocolo solicitado.
Después de su muerte, la madre encontró entre sus pertenencias cartas en que la adolescente identificaba a un compañero y relataba el impacto que habían tenido en ella las situaciones de hostigamiento que, según su relato, enfrentaba.
A partir de esos antecedentes, la familia buscó que se investigara lo sucedido y posteriormente acudió a la Superintendencia de Educación.
Padres cuestionan las primeras fiscalizaciones:
La familia acudió por primera vez a la Superintendencia en noviembre de 2025 para solicitar una fiscalización al establecimiento.
Tras un primer proceso que concluyó señalando que los incumplimientos detectados habían sido subsanados, los padres apelaron y consiguieron la reapertura del caso.
Una segunda revisión tampoco derivó en un procedimiento administrativo, por lo que volvieron a recurrir al organismo.
Finalmente, una tercera fiscalización iniciada en abril sí terminó con la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra el establecimiento. Diferencia que los padres cuestionan en la demanda.
Sostienen que los antecedentes analizados eran los mismos.
Familia demanda por $200 millones a la Superintendencia de Educación
La acción judicial también cuestiona cómo se desarrollaron las fiscalizaciones. Entre otros aspectos, los demandantes señalan que los procesos estuvieron a cargo de la misma funcionaria y que una de las visitas al colegio duró poco más de una hora.
Además, la familia acusa que se le negó el acceso al expediente durante el último proceso y califica la fiscalización como “tardía, parcial e incompleta”.
La demanda solicita $100 millones para la madre y $100 millones para el padre, alcanzando un total de $200 millones.
Según consignó el citado medio, tanto la Superintendencia de Educación como el Instituto Regional del Maule declinaron entregar declaraciones.
