El Consejo de Defensa del Estado presentó este viernes una querella en contra de quienes resulten responsables de haber filtrado, a través de redes sociales, la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia, el pasado 7 de enero.
La acción judicial busca identificar y castigar a los responsables del “delito de revelación de secretos con grave daño a la causa pública descrito y sancionado en el art. 246 incisos primero y segundo del Código Penal, así como respecto de otros ilícitos que puedan establecerse en el curso de la investigación”.
Tras la filtración de la prueba, principalmente a través de Twitter por parte de distintos usuarios que fueron identificados en la querella presentada por el CDE, el Departamentos de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile informó al Consejo de Rectores (Cruch) que decidió suspender la aplicación de la prueba.
El hecho afectó a más de 200 mil estudiantes, quienes estaban inscritos para rendir la PSU de Historia, entre quienes algunos presentaron acciones judiciales para que se les realice la prueba de todos modos, pese a que el Cruch determinó otros métodos para la ponderación de los resultados sin tener que volver a tomar la evaluación.
La acción judicial deja entrever que quienes participaron de la filtración del facsímil tenían cierto conocimiento de la mecánica de la construcción de la prueba.
“Las páginas publicadas, y dadas a conocer, no contenían el folio de la respectiva forma 124, lo que hubiese permitido identificar el local desde el cual se reveló el contenido de esta prueba”, explicó el CDE en el documento presentado.
“La forma como se produce la filtración, da cuenta de que quién facilitó la revelación de esta documentación, conocía la mecánica de construcción de la prueba, existiendo una clara intencionalidad en la develación de la misma para afectar en su conjunto la admisión universitaria, provocando con ello un grave daño al proceso de postulación”, se agrega.