Contraloría advirtió pagos irregulares y falencias en gestión de personal desde el Servicio local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, lo que provocó que se ordenara un procedimiento disciplinario.
Lo anterior, luego que desde el organismo fiscalizador detectaran diversas irregularidades en la administración de personal, procesos de contratación y uso de recursos públicos entre enero de 2024 y mayo de 2025.
Según se advirtió en un reciente informe, la demora en la resolución de un procedimiento administrativo de suspensión y remoción permitió que un exdirector ejecutivo siguiera recibiendo remuneraciones hasta el 16 de marzo de 2026. Esto, a pesar de encontrarse suspendido de sus funciones.
En ese período, el individuo percibió pagos líquidos por $247.557.391.
Debido a esto, además del sumario ordenado por esta situación, el organismo instruyó la adopción de medidas para "evitar la repetición de situaciones similares y dar celeridad a los procedimientos disciplinarios pendientes en el servicio".
Contraloría detecta contrataciones sin concurso en SLEP Valparaíso
En el informe, el organismo también identificó "contrataciones directas sin concurso o con fundamentos insuficientes, omisiones en procesos de reclutamiento y selección para asistentes de la educación, designaciones prolongadas en comisiones de servicio, uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para fines que no contaban con acreditación suficiente y deficiencias en los controles de asistencia y jornada laboral".
Lo anterior, también será objeto del sumario que se ordenó.
Asimismo, se detectó que un funcionario prestó servicios de manera simultánea en el SLEP de Valparaíso y en la Municipalidad de La Calera, incluso durante períodos en que registraba licencia médica.
"La situación dejó en evidencia debilidades en los mecanismos de control de asistencia, al detectarse reiteradas justificaciones por falta de marcación, registros manuales incompletos e inasistencias sin respaldo adecuado", indicaron en el escrito.
Además, el organismo observó que seis contrataciones directas realizadas para la administración central fueron justificadas con "argumentos genéricos", como la continuidad del servicio o la idoneidad de los contratados, sin los "antecedentes suficientes que acreditaran la necesidad excepcional de prescindir de un concurso público".
Por último, el informe detectó que en la contratación de dos personas no se realizaron procesos de reclutamiento y selección público, transparentes e inclusivos.
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