La Contraloría General de la República se pronunció sobre el rol de la Tesorería General de la República en el cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), a partir de una solicitud presentada por el exdiputado Miguel Mellado, que pedía un pronunciamiento sobre el mecanismo de cobranza de estos créditos.
El requerimiento apuntaba a que se determinara “la obligación del fisco de cobrar aquellos créditos con aval del Estado (CAE) cuya garantía ha sido ejecutada y que se encuentran en poder de aquel”.
En esa misma solicitud, además, se pidió que se realizara una auditoría sobre el proceso de cobranza.
De acuerdo con el citado medio, el 7 de abril, la contralora Dorothy Pérez entregó un dictamen que concluyó que “la Tesorería es el órgano obligado a ejercer las acciones de cobranza de los créditos con aval del Estado (CAE) a que se refiere la Ley N° 20.027″.
En el documento, la autoridad detalla que, en los casos en que la garantía estatal ya ha sido ejecutada o los créditos han sido adquiridos por el Fisco, la Tesorería debe encargarse de su recuperación, pudiendo apoyarse en convenios o mandatos con entidades financieras.
Asimismo, precisó que este organismo es “el órgano obligado por el ordenamiento jurídico para ejercer las correspondientes acciones de cobranza, a través de los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario”.
El dictamen de la contralora Pérez zanja la discusión legal que existía sobre la forma en que la Tesorería debía cobrar las deudas del CAE, estableciendo que no corresponde seguir debatiendo entre un cobro por vía administrativa o mediante un juicio en tribunales civiles.
En paralelo, la Contraloría indicó que la solicitud de fiscalización ingresada será considerada dentro del proceso de planificación de futuras auditorías. “En cuanto a la solicitud de fiscalizar la obligación de cobranza del Estado respecto de los créditos en estudio, cumplo con informar que la presentación efectuada será considerada como un insumo en el proceso de planificación de las auditorías que regularmente efectúa esta entidad de control”.
El dictamen se da en medio de las acciones impulsadas por el Gobierno para recuperar los recursos asociados al CAE, que incluyen medidas de cobranza para distintos segmentos de deudores, dependiendo de sus niveles de ingreso.
El tema ha comenzado a judicializarse a través de recursos de protección presentados en distintas cortes del país, algunos de los cuales han sido declarados inadmisibles por tribunales de alzada.
