La Contraloría General de la República se pronunció este jueves respecto del uso del Palacio de La Moneda durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, concluyendo que no existen irregularidades en su utilización como residencia presidencial ni en la realización de cultos religiosos en sus dependencias.

De acuerdo con lo que informó La Tercera, el análisis del organismo surge a partir de una presentación ingresada por David Silva Bernales, Miguel Yáñez Lagos, Cleiton Dejair Córdova Martins y otras personas que solicitaron reserva de identidad, quienes cuestionaron el uso del edificio gubernamental.

En su dictamen, la entidad recordó que el Palacio de La Moneda ha contado con espacios como patios, salones, oficinas y habitaciones que han sido utilizados a lo largo del tiempo para distintos fines. “Han servido no sólo como espacios de trabajo institucional y para la realización de actividades oficiales y protocolares, sino que también de residencia permanente”, señala el informe.

Respecto a la realización de actividades religiosas, la Contraloría indicó que estas han formado parte de la tradición de la casa presidencial desde hace décadas. “Sin perjuicio de que normativamente el Estado de Chile sea laico, ello no obsta a que, desde antigua data y hasta la fecha, en su interior existan tres capellanías que comparten un mismo templo”. 

En esa misma línea, el organismo precisó que estas capellanías operan con autorización formal dentro del Palacio Presidencial.

Asimismo, se indicó que la coordinación de estas actividades está a cargo de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, creada para resguardar el derecho a la libertad religiosa establecido en la Constitución.

Con estos antecedentes, la Contraloría concluyó que las prácticas consultadas se ajustan al "uso histórico" del inmueble, descartando que hayan reparos en ese sentido.

Pese a ello, el dictamen estableció que no deben ejecutarse remodelaciones, reparaciones o intervenciones en el edificio sin la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

Finalmente, el organismo consideró necesario que la Dirección Administrativa de la Presidencia, en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Bienes Nacionales, actualice o implemente una normativa interna que regule el uso de los espacios tanto en La Moneda como en el Palacio de Cerro Castillo.

 

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