La semana pasada la conocida Operación Cancerbero sufrió un revés judicial, luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique ordenara el regreso del clan Chen a la cárcel de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá.
Los imputados Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen, miembros de la mafia china conocida como clan Chen, formalizados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, habían sido trasladados hasta la cárcel La Laguna de Talca, en la región del Maule, donde el Gobierno decidió agrupar a reos de alta peligrosidad.
Sin embargo, el tribunal ordenó que los cuatro integrantes de la mafia regresaran a la cárcel de Alto Hospicio, debido a que el informe que habría elaborado Gendarmería no cumplía con el estándar requerido para sustentar la medida.
Pero a una semana de este revés, durante la presente jornada se conoció que la Corte de Apelaciones de Iquique revocó el fallo de primera instancia, por lo que el clan Chen permanecerá en la cárcel La Laguna en la región del Maule.
Destacar que luego de la decisión judicial, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, decidió que Gendarmería debía oponerse a la resolución del Juzgado de Garantía de Iquique, proponiendo que la institución penitenciaria fuera representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para revertir la decisión, añade el periódico.
El CDE solicitó al juez una reconsideración, la que no fue acogida por el magistrado. Por eso el órgano estatal apeló y pudo llevar el caso hasta la Corte de Iquique. Y si bien las defensas de los imputados solicitaron la inadmisibilidad de la apelación del CDE, el tribunal de alzada de Tarapacá desestimó esta petición y pasó a resolver el fondo.
La clave del fallo es que la Corte de Iquique determinó que el traslado y la segregación de la población penitenciaria es facultad de Gendarmería, no de los jueces.
El clan Chen comenzó a ser investigado a raíz de una solicitud internacional del FBI, que detectó que ciudadanos estadounidenses estaban siendo estafados con inversiones en falsas empresas.
Los miembros de la banda utilizaban sociedades chilenas y mecanismos de la Zofri para lavar los dineros provenientes de las estafas. En total, se estima un perjuicio de más de US$200 millones, que afectó a 400 personas.
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