Unicef y Acnudh solicitaron al Gobierno implementar un "Plan de Migración" para garantizar el respeto de los derechos de las personas que ingresan al país "cumpliendo con los tratados internacionales suscritos por Chile".

"Este Plan de Migración debe garantizar el respeto de los derechos de las personas que ingresan al país en situación migratoria, lo que significa asegurarles acceso a un lugar de acogida; pero también debe resguardar los derechos de las personas que viven en el país y que se ven afectadas por la llegada de personas en dicha situación, recordando que es responsabilidad del Estado velar por la convivencia pacífica y respetuosa de las personas que viven en el país, entregando las herramientas necesarias para ello", añadieron en un comunicado

"El Estado tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin distinción alguna de nacionalidad o estatus migratorio, lo que incluye prestar asistencia humanitaria", complementaron.

Ambas entidades manifestaron su rechazo tras los hechos registrados en Iquique, donde hubo una quema de objetos, carpas y pertenencias de migrantes en la zona; e instaron al Estado "a adoptar medidas para que se investiguen y sanciones los hechos de violencia, junto con incorporar medidas para reparar y otorgar protección a las víctimas".

Y apuntaron que "los eventuales desalojos de espacios públicos y privados deben realizarse respetando los estándares internacionales, evitando que las personas desalojadas queden sin albergue o expuestas a violaciones de otros Derechos Humanos, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes".

En éste último punto, tanto la Unicef como Acnudh instaron al Estado de Chile a realizar un catastro de familias migrantes y que se informe el desalojo con antelación, para poder asegurar que las familias afectadas puedan tener una alternativa de alojamiento y así evitar el uso de la fuerza.

De paso, instaron a que ante la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas se evalúe "la apertura y expansión de canales regulares, seguros y accesibles que faciliten una migración ordenada y respetuosa de los Derechos Humanos".

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