Diversas denuncias ciudadanas dan cuenta del ingreso de motos acuáticas a áreas protegidas en la Patagonia, en distintos sectores del sur del país, infringiendo la legislación ambiental vigente.
Los hechos habrían ocurrido en distintos puntos del sur del país, infringiendo la normativa ambiental vigente.
Entre los sectores afectados, según la denuncia, se encuentran el islote Conejo, en la comuna de Queilen; el río Futaleufú, en la Región de Los Lagos; y el Parque Nacional Laguna San Rafael, en Aysén, todos espacios resguardados por la ley.
Los registros de estas incursiones fueron difundidos en la cuenta de Instagram Defendamos la Patagonia, donde se publicaron videos y testimonios que alertan sobre los posibles impactos que este tipo de actividades puede generar en la flora y fauna local.
Acusan ingreso de motos acuáticas en zonas protegidas de la Patagonia
Según el medio El Mostrador, Carabineros actuó en los lugares denunciados y citó a los involucrados a declarar para el próximo 4 de febrero, en el marco de una investigación que está en curso.
Los antecedentes recopilados indican que las actividades corresponden a tours en motos acuáticas ofrecidos por una empresa de origen ruso que opera en distintas zonas de la Patagonia. Pese a que estas excursiones se promocionan como experiencias turísticas, las denuncias señalan que los recorridos incluyen áreas donde la navegación motorizada está expresamente prohibida.
Uno de los casos más recientes se registró en el islote Conejo, un monumento natural protegido que sirve como sitio de reproducción de pingüinos, donde se captaron motos acuáticas desplazándose en sus inmediaciones. En otra situación, guías turísticos sorprendieron a usuarios ingresando al río Futaleufú.
En la Región de Aysén, vecinos difundieron un video que muestra motos acuáticas dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, desplazándose cerca de glaciares y de la fauna marina del lugar.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido pronunciamiento oficial sobre posibles sanciones, mientras se desarrollan las diligencias para encontrar a los responsables y confirmar infracciones a la legislación ambiental vigente.
