La creación del Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades contempla una serie de sanciones para quienes sean incorporados a la nómina. Entre ellas, la suspensión o prohibición de acceder a beneficios estatales como la gratuidad en la educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU) por un período de cinco años.
El proyecto fue ingresado este lunes a la Cámara de Diputados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y busca responder al aumento de la percepción de inseguridad, según indica el texto.
La iniciativa establece la creación de un registro nacional que identificará a las personas condenadas por delitos vinculados a actos vandálicos e incivilidades. Además, fija las distintas sanciones que implica la incorporación a esta nómina.
Uno de ellos está referido en el artículo 9 del proyecto, que apunta a los "actos vandálicos especialmente graves". En estos casos, las personas incorporadas al registro quedarían impedidas de acceder al financiamiento de la gratuidad en la educación superior y a la PGU durante cinco años.
Algunos de los delitos que podrían derivar en la pérdida de la gratuidad y la PGU
La iniciativa contempla una extensa lista de delitos considerados especialmente graves. Entre ellos figuran:
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El homicidio de fiscales del Ministerio Público o defensores penales públicos en razón del ejercicio de sus funciones.
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El maltrato de obra a Carabineros.
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Las agresiones y lesiones contra fiscales o defensores públicos.
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El homicidio de funcionarios de Carabineros que se encuentren en ejercicio de sus funciones.
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La toma o control violento de vehículos de transporte público de pasajeros.
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Las agresiones contra docentes, asistentes de la educación, funcionarios públicos y manipuladores de alimentos en establecimientos educacionales.
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El incendio de viviendas, edificios y otros inmuebles.
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El incendio de buses, trenes, instalaciones eléctricas, sanitarias, ferroviarias, portuarias o de transporte.
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El incendio de bosques, plantaciones, pastizales y otras formaciones vegetales.
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Los delitos relacionados con la colocación, activación o detonación de bombas y artefactos explosivos.
- La toma de un inmueble (casa, terreno, edificio, etc.) usando violencia o amenazas.
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El tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas.
Según establece el proyecto, estas medidas se aplicarían sin perjuicio de las penas que correspondan por cada delito y formarían parte de las consecuencias adicionales derivadas de la incorporación al registro.
La propuesta deberá ahora iniciar su tramitación legislativa en la Cámara de Diputados.
