El Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
Llaitul fue formalizado durante este jueves por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, atentados contra la autoridad a mano armada y hurto simple.
El líder de la CAM había sido detenido durante este miércoles en la tarde por personal de la PDI en Cañete, Región del Biobío; y este jueves fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para realizar su control de detención y posteriormente su formalización.
Preliminarmente, el arresto fue declarado ajustado a derecho, pese a que la defensa había alegado lo contrario. Incluso, el abogado defensor de Llaitul, Rodrigo Román, manifestó una posible inhabilidad de la jueza para encabezar la audiencia, algo que también fue rechazado.
Tras eso, se dio inicio a la revisión de los antecedentes de la Fiscalía para los ilícitos por los que acusa a Llaitul y conocidos los detalles, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del líder de la CAM, algo que fue acogido por el tribunal pese a la oposición de su defensa.
La solicitud de la medida cautelar también fue respaldada por las partes querellantes, entre las que está el Gobierno de Chile.
Los antecedentes expuestos por Fiscalía
La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, partió entregando detalles sobre los dichos de Llaitul en enero de 2020, puesto que tras la condena del weichafe Daniel Canío -por incendio, robo con intimidación, porte ilegal de arma y porte ilegal de munición- realizó declaraciones en que, a juicio del ente persecutor, incitó al enfrentamiento armado en la zona sur.
Lo anterior "haciendo un emplazamiento expreso a las comunidades (...) a afectuar acciones directas", las cuales fueron apuntadas como ataques incendiarios, usurpaciones, extracciones de madera y otro tipo de de hechos.
En esa línea, la Fiscalía acusó que, tras los dichos de Llaitul, se registraron 54 hechos de violencia entre enero de 2020 y mayo de 2022, en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en cuyos sitios se encontró evidencia documental en que la CAM se los adjudicava. Esto llevó a la Fiscalía a afirmar que sus dichos se enmarcan en una infracción a la Ley de Seguridad del Estado.
El segundo hecho expuesto también fue por expresiones de Llaitul, que ocurrieron en en junio de 2020, donde afirmó que "estaban" dispuestos al enfrentamiento destacando y alabando ocupaciones y acciones violentas, a juicio de la Fiscalía. Esto último catalogándolo como "apología, con una incitación indirecta, específicamente, con la referencia a enfrentamientos armados futuros". Esto, afirmaron, tiene relación con una infracción a la Ley de Seguridad del Estado.
Además, el ente persecutor acusó a Llaitul de haber cometido, en febrero de 2021, los ilícitos, en grado de consumado y en calidad de autor, de usurpación violenta y atentado contra la autoridad; además de tener roles de coordinación, concurrencia y ocupación de un predio; además de atacar a Carabineros.
Lo anterior en relación a lo ocurrido en el fundo San Sebastián en Victoria, donde se apuntó que se inició un proceso de ocupación en el que al menos 50 personas ingresaron al lugar sin permiso del propietario. Y, en ese contexto, personal de Carabineros llegó al lugar para realizar el desalojo de los ocupantes, tras un llamado de auxilio de parte de la víctima. Ahí, personal fue repelido por los individuos, debiendo retirarse tras registrarse disparos que dejaron daños en vehículos institucionales.
Por otra parte, se entragaron detalles sobre el robo de madera en un predio de la forestal Cautín, en Chol Chol, apuntando que el acusado junto a un grupo indeterminado de sujetos ingresó al lugar a realizar una ocupación, donde sustrajeron madera avaluada en $87 millones 500 mil de pesos.
En el lugar fueron observados por personal de la empresa forestal que se retiró porque se realizaron disparos, por lo que Carabineros concurrió al lugar, pero fueron emboscados y repelidos con el uso de armas de fuego, por lo cual quedaron lesionados dos funcionarios de Carabineros y dos vehículos resultaron dañados por diversos impactos balísticos.
En esa línea, se le acusó a Llaitul de participar activamente en la ocupación del predio, sustraer madera y atentar contra los funcionarios policiales.
Y, sobre otro hecho acusado, se expusieron los dichos de Llaitul en julio de 2022, donde abogó por "el sabotaje" en lo que denominó "lucha mapuche", admitiendo que realizó diversos actos contra "el gran capital" para la recuperación de espacios y el posterior control de éstos. Por esto, se acusó que al imputado de estar infringiendo normas de la Ley de Seguridad del Estado, lo que motivó la ampliación de querella impulsada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Alegato de la defensa
El abogado defensor de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, cuestionó las acusaciones hechas por el Ministerio Público, alegando que en diversos hechos expuestos se ha intentado relacionar los dichos del líder de la CAM como origen de hechos de violencia que ocurrieron en la Macrozona Sur con posterioridad.
De igual manera, alegó que la vinculación de Llaitul a la autoría de delitos se estaría basando en escuchas telefónicas, testimonios y georreferenciación que situarían al líder de la CAM en las inmediaciones de los predios, lo que, a su juicio, se trataría de "especulación".
Junto con ello, planteó un "problema de competencia" de parte del tribunal, afirmando que cuatro de los hechos acusados por Fiscalía no serían de "competencia territorial".
Román incluso manifestó que "aquí se está planteando un problema político", asegurando que si se escuchan los dichos de Llaitul, el enemigo de la CAM no es el Estado de Chile, sino que las forestales y que la Ley de Seguridad del Estado "no es para proteger el negocio de las forestales".
Pese a eso, se decidió decretar la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado y se fijó el plazo de investigación de 30 días.
De momento, se determinó que Llaitul sea trasladado hasta un centro penitenciario en la Región del Biobío, mientras se espera que Gendarmería aclare si puede cumplir la prisión preventiva en un centro de Temuco, como lo solicitó la defensa.