Los jueces y ministros de las Comisiones de Libertad Condicional de las regiones de Biobío, Valparaíso y Metropolitana tendrán que decidir durante los próximos días si otorgan o no el beneficio de libertad condicional a Carlos Silva Valenzuela, Luis Miguel Carrasco Tapia, Hugo Gómez Padua y Cristián Andrés Vilos Valenzuela, cuatro condenados por crímenes de violación con homicidio cometidos contra dos niñas, un niño y una adolescente, entre 1998 y 2001.
Desde 2018, las comisiones respectivas han denegado la libertad condicional a estos sujetos, considerando –entre otras razones– su peligrosidad para la sociedad.
"Desde 1998 que hemos actuado en calidad de intervinientes en las investigaciones y juicios de prácticamente todos los casos de violación con homicidio contra niños, niñas y adolescentes ocurridos en nuestro país", precisó en un comunicado Ramón Suárez, abogado y presidente de Fundación Amparo y Justicia.
En este sentido, agregó que "por este motivo, no sólo tenemos conocimiento de la gravedad de los hechos, sino que también, de los rasgos de psicopatía y de trastornos de personalidad que arrojan los exámenes psicológicos y psiquiátricos practicados a estos ofensores".
"Aún cuando la libertad condicional es un beneficio deseable en el marco de la promoción de la rehabilitación y reinserción social de los condenados, respecto a esta categoría de penados por delitos graves que afecten la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, creemos que se deben tomar resguardos especiales al momento de evaluar y conceder beneficios que pretenden reincorporarlos al medio libre”, precisó Ramón Suárez.
"Es urgente que la reforma a la Ley de Libertad Condicional que, actualmente se discute en el Congreso, incluya estos resguardos como también resulta esencial consagrar legalmente la facultad de la víctima y sus familias de ser escuchada y de ser oída en los procesos de libertad condicional", dijo el abogado.
En este sentido, mencionó que al tratarse de agresores sexuales que han cometido delitos de la magnitud expuesta, "la obtención de este beneficio constituye un riesgo permanente y puede alterar significativamente el bienestar de las víctimas, sus familias y de la comunidad, por la alta probabilidad de reincidencia".
Un ejemplo de este riesgo de reincidencia es el caso de Gómez Padua, consignó Fundación Amparo y Justicia en el comunicado.
"En 1976 fue condenado por violación con homicidio de una niña de 9 años en Colombia y, precisamente, gozaba de libertad condicional en su país cuando quebrantó el beneficio y entró irregularmente a Chile en 1995", se cita en el texto.
Y se añade: "Cuatro años después, violó y asesinó a una niña de 10 años en Santa Cruz. Hoy, nuevamente postula a la libertad condicional".
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