El miércoles la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad (sólo un voto en contra y dos abstenciones) la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por notable abandono de deberes, conflictos de interés y entregar información de causas reservadas al abogado Luis Hermosilla, formalizado en el Caso Audios.
Ulloa quedó suspendido de su cargo mientras el Senado deberá resolver si lo destituye e inhabilita para ejercer labores en el Estado.
Sin embargo, en la práctica Ulloa ya estaba suspendido de sus funciones, ya que el pleno de la Corte Suprema aún no publica ni firma el dictamen acordado el pasado 30 de septiembre sobre los antecedentes del cuaderno de remoción. Ese día los magistrados resolvieron -luego de oír el relato de los hechos y la defensa- no remover al juez y sólo mantener una sanción disciplinaria leve de dos meses con medio goce de sueldo.
El comunicado señala que “el texto íntegro de la sentencia será dado a conocer con posterioridad”, lo que aún no ha ocurrido.
El dictamen generó un empate en la Corte Suprema con siete votos a favor de la remoción y siete votos en contra, por lo que permanecerá en su cargo, ya que una destitución requiere mayoría del pleno.
A favor de aplicar la máxima sanción estuvieron los jueces Ricardo Blanco (presidente de la Corte Suprema), Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Leopoldo Llanos, María Soledad Melo y Mireya López, además de la ministra suplente Eliana Quezada.
En contra de la remoción se pronunciaron los jueces Manuel Antonio Valderrama, Arturo Prado, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier, Diego Simpértigue y Mauricio Silva.
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Fuentes del Poder Judicial explican que la demora de más de 30 días en redactar y firmar la sentencia se debe a que cada juez tiene derecho a argumentar su posición en el fallo y la relatora debe conversar con cada uno. Además se trata de un dictamen que ha generado gran expectación y controversia no sólo por el juicio político que está enfrentando el juez en el Congreso sino por la investigación judicial que lleva Fiscalía por los eventuales delitos de cohecho, soborno, prevaricación y tráfico de influencias en sus actos.
En contraste está lo sucedido con la exjueza de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, a quien se abrió un cuaderno de remoción por situaciones en algunos casos similares a las imputadas a Ulloa. En su caso el pleno resolvió removerla del Poder Judicial en un acuerdo tomado en el pleno del 10 de setiembre con el único voto en contra del juez Mauricio Silva.
Veinte días después, el 30 de septiembre, fue despachado el dictamen firmado con la argumentación. A partir de este documento, la defensa de Sabaj presentó un recurso de reposición cuestionando la disparidad de criterios con el caso de Ulloa. El recurso fue rechazado por el pleno el 27 de octubre.
En el caso de la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco -quien además enfrentó una acusación constitucional en el Congreso- por actuaciones irregulares en diversas causas; el 10 de octubre de 2024 se informó su remoción por la unanimidad del pleno, y veinte días después, el 30 de octubre, se publicó la sentencia integra.
