Tres personas, entre ellas, el ahora exfiscalizador jefe del Servicio de Impuestos Internos (SII) de La Serena, fueron condenados por delitos de evasión tributaria.
El ahora exfuncionario, de iniciales P.A.G. -según describe la acusación- realizaba maniobras fraudulentas para modificar información tributaria de contribuyentes de la comuna de Andacollo, reclutados con anterioridad para devoluciones indebidas de impuestos.
Dicho reclutamiento lo realizaba por su cuenta o junto a su hermano, G.A.G, mientras que los contribuyentes estaban previamente concertados para que se les realizaran las modificaciones en la base de datos del SII y así evadir impuestos.
El fiscal de la causa, Marcial Pérez, dijo que esta causa tuvo su origen en el “reporte de operación sospechosa de la Unidad de Análisis Financiero y denuncia de la dirección nacional de Servicio de Impuestos Internos en el 2018. Ha sido extenso reunir este acopio de antecedentes para llegar a este juicio, largo y dificultoso por lo altamente técnico de revisar a 18 contribuyentes distintos en maniobras que se repiten en cada uno de ellos en 3 o 4 ocasiones.
P.A.G. fue condenado en primera instancia a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, además de la inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos, derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares. Además, deberá pagar una multa de $391.821.501, correspondiente al total de lo defraudado por evasión tributaria entre 2016 y 2017.
Por su parte, G.A.G. fue sentenciado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y una multa de $92.739.939, correspondiente al 100% de lo defraudado, por evasión tributaria ocurrida entre el 2016 y 2017.
El tribunal otorgó la libertad vigilada intensiva, debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, someterse a un plan de intervención individual y programa laboral. Además, los jueces sentenciaron que si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada, el condenado deberá cumplir íntegra y efectivamente la privación de libertad impuesta o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas.
Por otra parte, A.R.CH. fue sentenciado a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y una multa de $40.441.643, correspondiente al 100% de lo defraudado, por evasión tributaria ocurrida entre el 2016 y 2017.
Al igual que la persona anterior, el tribunal otorgó la libertad vigilada con similares condiciones de presentación en Gendarmería, además de someterse a un plan de intervención individual y programa laboral. En caso que la sentencia sea quebrantada o sustituida, podría cumplir en forma efectiva la pena impuesta.