El Ministerio Público emitió recienteme un informe que alarma sobre la evolución del crimen organizado en el país. El documento, titulado "Crimen Organizado en Chile" 2025, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la División de Estudios, advierte un escenario preocupante: los secuestros dejaron de ser un hecho aislado.
Según el reporte, "los delitos predatorios o parasitarios tienen sus principales ingresos en el secuestro, la extorsión y la sustracción de menores, donde el primero de estos delitos presenta un aumento progresivo a través de estos últimos años (2022-2024)".
El documento señala que el delito de secuestro fue el de mayor crecimiento relativo durante 2024, en comparación con el año anterior.
Fiscalía alerta sobre el avance del crimen organizado en Chile: el secuestro ya no es un "hecho excepcional"
El estudio profundiza especialmente en el fenómeno del secuestro y sostiene que este "ha dejado de ser un hecho excepcional para transformarse en herramienta estratégica de las organizaciones criminales".
Detrás de esta práctica, se identifican diversas motivaciones: "ya sea con fines de lucro (secuestros extorsivos), por venganza o ajuste de cuentas, o incluso como método de disciplina interna, el secuestro aporta recursos ilícitos, refuerza la autoridad de los cabecillas y siembra terror como mecanismo de dominación territorial".
El documento también recuerda el impacto del caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado en febrero de 2024 por falsos funcionarios de la PDI y posteriormente asesinado.
A propósito de ese crimen, el informe destaca que este episodio "reveló hasta qué punto estas prácticas han traspasado el ámbito del narcotráfico: las organizaciones criminales actualmente tienen la capacidad de afectar a migrantes, disidentes o cualquiera que interfiera con sus intereses, e incluso adquieren aristas políticas y transnacionales".
En un diagnóstico general, el texto enfatiza que "en suma, homicidios, secuestros y extorsiones deben entenderse como manifestaciones entrelazadas de un crimen organizado que diversifica la violencia como recurso, desafiando de manera estructural la capacidad del Estado para garantizar la seguridad básica".
La conclusión del informe detalla: "el crimen organizado en Chile ya no puede concebirse como fenómenos aislados, sino como un ecosistema articulado que se nutre de múltiples mercados ilícitos, genera un poder económico paralelo y logra sostenerse en el tiempo mediante redes de lavado, corrupción y control social violento. Su presencia simultánea en diversos ámbitos —desde la esquina de un barrio hasta el entramado financiero internacional— muestra un proceso de densificación delictual sin precedentes".
