A fines de junio pasado un trabajo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió detener a miembros de una banda vinculada al Tren de Aragua, quienes lavaron más de 13,5 millones de dólares que salieron del país a través de bitcoins y monedas online.
Una arista en la que estaría involucrada una funcionaria de la oficina de Migración de la Municipalidad de San Felipe, en la región de Valparaíso. La mujer, de nacionalidad venezolana, fue detenida por este presunto vínculo.
La trabajadora, de iniciales J.R.C., y su madre ocupaban cuentas bancarias para blanquear activos y transferir dinero al extranjero.
El director jurídico de la Municipalidad de San Felipe, Juan Alberto Castro, aseguró que se logró determinar la participación de la empleada municipal, según publicó Radio Biobío, luego del operativo que se llevó a cabo hace algunas semanas, junto a otras irregularidades.
Asimismo, indicó que la alcaldesa Carmen Castillo instruyó una investigación administrativa para aclarar los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Diputado Longton pide expulsión de funcionaria por presuntos vínculos con el Tren de Aragua
A raíz de lo anterior, el diputado Andrés Longton (RN) informó que ofició al Servicio Nacional de Migraciones y a Contraloría por este caso, exigiendo la expulsión de la funcionaria.
“En la oficina de migración de la Municipalidad de San Felipe fue detenida una funcionaria venezolana y su madre por aparentemente lavar activos, es decir, lavado de dinero, en el cual prestaron sus cuentas bancarias, donde se detuvo a más de 52 integrantes del Tren de Aragua por lavar activos por más de 13 millones de dólares”, expresó el parlamentario.
Sobre lo mismo, lamentó que “el Tren de Aragua y el crimen organizado penetró nuestras instituciones y con ello está corrompiendo aparentemente a funcionarios y miembros de distintas instituciones”.
Por lo mismo, anunció, “vamos a pedirle al Servicio Nacional de Migración que una vez cursadas las responsabilidades penales expulse de inmediato del país a esta ciudadana venezolana y su madre”.
“Y asimismo, que la Contraloría General de la República fiscalice y si es necesario realice el sumario dentro de la Municipalidad, porque no es posible que funcionarios de esta calaña estén ejerciendo funciones públicas, sobre todo que tienen que ver con la atención de personas”, cerró.
