Luego de que este miércoles fueran encontrados con vida los tres desaparecidos que pasaron seis días aislados en el Cajón del Maipo, las autoridades dieron a conocer el costo del amplio operativo que permitió dar con su paradero.
Martina Núñez, de 22 años; Magdalena Retamal, de 31; y Manuel Orellana fueron ubicados en un refugio de las Termas del Valle de Colina, en San José de Maipo, tras un despliegue que reunió a equipos de Carabineros, la PDI, Bomberos y otros organismos de emergencia.
Este jueves, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reveló una estimación del dinero que se desembolsó durante los seis días que se extendió el operativo de búsqueda y rescate, y cuestionó el actuar de las tres personas rescatadas.
"Queremos ser claros y enfáticos: esto no es un juego. Subir a la alta cordillera en medio de un sistema frontal, en contra de las indicaciones de la autoridad, es una tremenda irresponsabilidad. Y también ha significado un desembolso de más de $100 millones de parte de todo el Estado, de personal y recursos que podrían haber sido destinadas al rescate de personas que de verdad lo necesitaban".
Orrego insistió en que las condiciones meteorológicas siguen siendo complejas e hizo un llamado para evitar que la gente subiera a la zona durante los próximos días.
"Hacemos nuevamente un llamado al autocuidado y a la corresponsabilidad. Se nos viene lluvia y también nieve en la alta cordillera este fin de semana, no es el momento de salir a pasear ni de salir a hacer un carrete. Este es el momento para que nos cuidemos entre todos, y en eso vamos a ser absolutamente estrictos como autoridad".
Gobierno busca aplicar sanciones
Las críticas por lo ocurrido también fueron compartidas por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, quien anunció este jueves que la Delegación Presidencial enviará un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para estudiar posibles acciones contra los tres rescatados.
"Lo primero que buscamos es que el Consejo de Defensa del Estado nos aclare la posibilidad de perseguir las responsabilidades por daño patrimonial, producto de personas irresponsables que no respetaron a la autoridad. En segundo lugar, todo lo que significó el costo de llegar al lugar y rescatar a las personas con vida".
Codina también planteó que quienes desobedecen las restricciones de acceso a la cordillera durante emergencias deberían asumir las consecuencias de sus actos.
"Cuando una persona viola todos esos preceptos y demuestra que su irresponsabilidad es aún mayor que todas las alertas, esa persona debería ser sancionada. Primero, pagando los costos asociados al rescate y, en segundo lugar, también creo que se debe legislar para que, en caso de que se cobre la vida de un rescatista por situaciones provocadas por irresponsables como este, esa persona pague con todo el rigor de la ley".
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