Tras el despacho del proyecto de ley que prohíbe la suspensión de los servicios básicos por no pago, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) señaló que el Gobierno "se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción".
A través de un comunicado explicaron que "el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales".
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En ese sentido, el Gobierno remarcó que, durante la tramitación de esta iniciativa, "señaló expresamente que ésta se refería a materias que ya se habían abordado el 27 de marzo pasado junto a las empresas de servicios, con el propósito de alivianar el bolsillo de las familias del país que más se han visto afectadas por efectos del COVID-19".
Esta iniciativa prohíbe cortar o suspender los servicios básicos -luz, gas y agua-, al 60% de la población más vulnerable durante la crisis sanitaria producto del coronavirus COVID-19.