Tras días de incendios forestales que se han intensificado con al menos 16 puntos activos solo en la Región de La Araucanía, el gobierno decidió la tarde de este martes decretar estado de excepción de catástrofe en las regiones del Biobío (excepto Concepción y Talcahuano); La Araucanía (excepto Temuco) y las comunas de Mariquina y Panguipulli en Los Ríos.

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De esta forma, se nombró a como jefes de defensa al contraalmirante de la Armada, Carlos Huber Vío, en la Región del Biobío; general de Brigada del Ejército, Rodrigo Pino Riquelme, en la Región de La Araucanía; y general de Brigada del Ejército, Joaquín Morales Burotto, para las comunas de Mariquina y Panguipulli, en la Región de Los Ríos.

¿Qué implica el estado de excepción?

Según la Ley Orgánica Constitucional, durante el estado de catástrofe el Presidente puede decretar las siguientes medidas:

  • Restringir las libertades de locomoción y de reunión
  • Disponer requisiciones de bienes
  • Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad
  • Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo "que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada”.

¿Qué medidas pueden tomar las autoridades de defensa?

Según explicó el ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, los jefes de defensa nombrados, "tienen la obligación de coordinar las acciones preventivas y reacción ante la emergencia de todos los organismos del Estado, a fin de poder reaccionar con mayor capacidad operativa frente a los incendios".

Además, la ley establece que tienen los siguientes deberes y atribuciones:

  • Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes.
  • Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada.
  • Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público.
  • Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.
  • Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población.
  • Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona

Transcurridos 180 días desde la declaración de estado de catástrofe, el Congreso tiene la facultad de dejar sin efecto tal declaración, si es que las razones que la motivaron hubieren cesado en forma absoluta.

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