La noche de este martes 3 de marzo, Reportajes T13 reveló correos internos y documentos oficiales que detallan presuntas irregularidades en el intento de la diputada Maite Orsini por convertirse en familia de acogida.
El episodio, hasta ahora desconocido para la opinión pública, fue iniciado en febrero de 2023, cuando la parlamentaria manifestó su intención de vincularse con una adolescente de 15 años perteneciente a la red del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez.
Sin embargo, en la misma investigación se entregaron algunas supuestas faltas cometidas por la diputada Maite Orsini que habrían generado el rechazo de la organización a su rol de familia de acogida.
Maite Orsini habría dejado de visitar a la menor, envió a su entonces pareja Jorge Valdivia a retirarla del colegio sin aviso, le dio dinero y, presuntamente, un vaper de marihuana.
La respuesta de Maite Orsini ante acusaciones por proceso de Mejor Niñez
DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante la emisión del reportaje de Canal 13 relativo al vínculo que mantengo como tercera significativa de una adolescente sujeta a medidas de protección, y considerando que se trata de antecedentes vinculados a su historial proteccional, no me referiré a aspectos específicos que se encuentran amparados por estrictos deberes legales de confidencialidad.
Lo que sí corresponde señalar con claridad es lo siguiente: Durante años he resguardado con absoluta reserva el vínculo que mantengo con ella por convicción ética y por mandato legal. La he acompañado, cuidado y querido como a una hija, priorizando siempre su tranquilidad, su desarrollo integral y su salud mental y emocional. Esa es la responsabilidad de cualquier adulta que decide involucrarse activamente en la protección de una niña o adolescente que ha vivido situaciones de vulneración de derechos.
Cabe aclarar que nunca he postulado al programa de familias de acogida, por lo que es incorrecto afirmar que una postulación haya sido rechazada. Soy y sigo siendo legalmente su tercera significativa.
En política he enfrentado críticas y cuestionamientos. Es parte del ejercicio democrático y no rehúyo ese debate. Pero existe un límite infranqueable: utilizar a una adolescente bajo protección del Estado como insumo mediático o herramienta de confrontación política.
La exposición pública de antecedentes protegidos no solo vulnera su derecho a la privacidad y a la indemnidad psíquica; también debilita gravemente el sistema de protección de la infancia. Cuando se filtran o difunden datos reservados, se instala un mensaje peligroso: que quienes asumen roles de cuidado pueden ser expuestos, descontextualizados o instrumentalizados. Eso desincentiva el compromiso social que tanto necesitamos fortalecer.
Chile no necesita menos personas dispuestas a acompañar a niños, niñas y adolescentes vulnerados. Necesita más. Y necesita, sobre todo, que el Estado y los medios respeten estrictamente las garantías legales que protegen sus historias de vida.
Los antecedentes asociados a medidas de protección tienen carácter legalmente reservado. Su filtración, tergiversación o difusión pública no solo es éticamente reprochable: contraviene la normativa vigente en materia de protección de la infancia.
Por lo mismo, se ejercerán todas las acciones legales correspondientes para establecer responsabilidades y resguardar plenamente los derechos de la adolescente bajo mi cuidado.
La protección de la infancia no puede ser relativizada ni subordinada a intereses comunicacionales o políticos.
