El programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea contra la delincuencia organizada transnacional, EL PACCTO 2.0, reúne en Santiago a cerca de 200 magistrados, fiscales, analistas financieros y representantes de fuerzas de seguridad de 13 países de América Latina y Europa en la Semana de la Recuperación de Activos, que se desarrolla entre el 30 de junio y el 3 de julio.
La iniciativa, organizada junto a la Fiscalía Nacional, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones (PDI), con la colaboración de GAFILAT e INTERPOL, contempla actividades en el auditorio de la PDI y en la sede de la Fiscalía Nacional.
Durante cuatro jornadas, el encuentro abordará estrategias para desmantelar las finanzas del crimen organizado, poniendo énfasis en la identificación temprana de bienes, el intercambio de información entre países, la coordinación entre fiscales, policías y unidades de inteligencia financiera, además del uso de herramientas de decomiso en el marco del Estado de derecho.
Uno de los ejes del programa será la Notificación Plateada (Silver Notice) de INTERPOL, mecanismo orientado a facilitar la localización y recuperación de bienes vinculados a organizaciones criminales más allá de las fronteras.
El Director General de la PDI, Eduardo Cerna, destacó que la instancia busca fortalecer el trabajo coordinado entre los países. "La convicción es que, si trabajamos juntos, articulados y coordinados de manera efectiva, podemos enfrentar a estas estructuras criminales que tanto daño hacen a nuestras sociedades", señaló.
Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo que combatir el crimen organizado requiere ir más allá de las detenciones. "Es necesario atacar sus estructuras financieras, recuperar sus activos y atacar sus bienes", afirmó.
La programación también contempla sesiones de formación, ejercicios prácticos, un taller sobre recuperación de criptoactivos y reuniones de redes regionales especializadas en recuperación de activos, donde se definirán las prioridades de trabajo para el próximo año.
Según los organizadores, la elección de Chile como sede responde al reconocimiento de la experiencia desarrollada por la Fiscalía Nacional y la PDI en materia de cooperación internacional e investigaciones de alta complejidad.
