Nuevos capítulos y nombres se suman en la investigación en manos de la Fiscalía que tiene en la lupa la fallida compra de la casa del expresidente, Salvador Allende. Esta vez, se trataría de la Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, que se sumaría a un caso que no solo complica a dos de sus dueñas, la senadora Isabel Allende y la Ministra de Defensa, Maya Fernández.
Reportajes T13 reveló testimonios ante la Fiscalía de funcionarios de Gobierno que darían cuenta de una serie de alertas hacia Presidencia por este negocio impropio y que no fueron escuchadas.
Las declaraciones judiciales que complican a la Ministra de las Culturas
La declaración de Macarena Díez, jefa de la división jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales revela que el proceso de adquisición, instruido desde Presidencia, debía tratarse de manera prioritaria y urgente. Pero al poco andar, la ex funcionaria habría expresado sus aprehensiones ante la jefatura.
"Faltaba mucha documentación para un correcto control, que el tiempo para realizar esta revisión era muy poco, además no había una motivación clara parala adquisición de estos inmuebles, con esto me refiero a las casas de Patricio Aylwin y la casa de Allende. Y adicionalmente, que para el caso de esta última que las
propietarias eran una ministra y senadora, lo que podría
traer un cuestionamiento jurídico y políticos", declaró Macarena Díez, jefa de la división jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales.
En el expediente de la investigación también está plasmada la declaración entregada por la saliente Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien advierte que sí entregó sus reparos al funcionario de Presidencia, Leonardo Moreno.
"Recuerdo que en algún momento, cuando se había aprobado el presupuesto, le manifesté a Leonardo Moreno, vía telefónica, indicando que era complejo que la ministra Maya Fernández fuera parte de los vendedores. A lo cual Moreno, me indicó que esto se manejaría de forma comunicacional. Recuerdo que hubo advertencias durante el proceso de compra, tanto de la jefatura de gabinete como por Macarena Díez, quien confeccionó una minuta donde nos contó (...) que existían eventuales conflictos de interés, respecto de quienes venden la propiedad de Allende y debido a los cargos que ocupaban las personas", afirmó Sandoval.
Pero las aprehensiones no solo vinieron desde el Ministerio de Bienes Nacionales. Según el testimonio de la directora del Servicio de Patrimonio Cultural, su jefa de gabinete le escribió a Gonzalo Pinto, mano derecha de la Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, para advertirle sus reparos.
"Enviándole una minuta de la compra de casas presidenciales, en donde en el título de elementos a considerar, pusimos que se debe tener presente que en la sucesión, existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades, Isabel Allende y Maya Fernández, para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto", aseguró Nélida Pozo, directora del servicio de Patrimonio Cultural.
Tuvimos acceso a esa minuta y ahí efectivamente se informa de los posibles efectos de esta adquisición.
La minuta del Servicio Nacional de Patrimonio Cultura al gabinete de la ministra de Culturas detalla que "el inmueble actualmente se encuentra ocupado como residencia de la senadora Isabel Allende. Debe tenerse claro que este proyecto de importante interés para el Patrimonio Histórico, puede tener fuertes detractores, por lo que es necesario coordinar las comunicaciones a fin que se encuentre coordinada para cualquier evento".
Hija de senadora Isabel Allende habría sido administradora de la casa de Salvador Allende si el fisco la adquiría
¿Fueron esos reparos informados por la Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo a Presidencia? ¿Qué se hizo con esta información sensible? Según los antecedentes de la investigación, la idea original era que el inmueble fuera adquirido por el Servicio de Patrimonio Cultural. Y justamente desde ahí, vinieron las primeras alertas.
Desde el Ministerio de Las Culturas se negaron a entregar una entrevista en cámara y se limitaron a enviar una declaración pública por escrito.
El asesor del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, José Cortés Vergara, indicó en su declaración que "este servicio sería el que debía asumir la administración, pero con muy poco o nulo rango de acción para ser entregado a un privado, lo que es correcto, en cambio al ser adquirido por el fisco, el bien iba a estar en poder de bienes nacionales, para ser administrado por una entidad pública o privada".
De acuerdo al testimonio, el plan era que la propiedad -una vez en manos del Estado- fuera traspasada en comodato a la fundación Salvador Allende. Es decir, bajo un contrato que permite prestársela de forma gratuita por cierto tiempo.
¿Quién administra esa fundación? La hija de la senadora Isabel Allende.
Una nueva autoridad de Gobierno salpicada en esta investigación que sigue sumando coletazos. Entre ellos, la acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández.
