El 71% de los encuestados percibe un alto nivel de corrupción en Chile y en el Estado, según el informe Claves Ipsos N°55, desarrollado en conjunto con Chile Transparente. El estudio, aplicado a 1.000 personas, también reveló una evaluación crítica de los partidos políticos, el Congreso y los tribunales de justicia, además de cuestionamientos a la transparencia de las municipalidades.
La percepción cambia cuando las personas evalúan espacios más cercanos a su vida cotidiana. Mientras un 71% identifica un alto nivel de corrupción en el país, la cifra desciende al 54% al considerar la región donde vive, al 40% en su comuna y al 35% en las relaciones interpersonales.
En el ámbito privado, en tanto, un 41% considera que existe un alto nivel de corrupción en las empresas.
Partidos políticos concentran mayores asociaciones con corrupción
El informe evaluó la percepción ciudadana sobre 15 instituciones nacionales. De ellas, 12 fueron vinculadas en mayor medida con la corrupción que con la probidad, reflejando el nivel de desconfianza que enfrenta una parte importante de las organizaciones analizadas.
Los partidos políticos encabezaron las menciones, con un 74% de asociación con la corrupción. Les siguieron el Congreso Nacional, con un 70%; los tribunales de justicia, con un 59%; las municipalidades, con un 55%, y el Estado, con un 54%.
En contraste, entre las instituciones públicas, la Policía de Investigaciones (PDI) obtuvo un 37% de asociación con la probidad, seguida por Carabineros de Chile, con un 36%, y las Fuerzas Armadas, con un 35%.
La evaluación fue diferente para los emprendedores y dueños de pequeños negocios, quienes lideraron la percepción de conducta honrada dentro del sector privado y civil, con un 69%.
Al comparar los resultados de los últimos tres años, el estudio identificó una disminución de la asociación con la corrupción en la mayoría de los actores evaluados. Sin embargo, los tribunales de justicia y los medios de comunicación constituyen las excepciones, al registrar un deterioro en esta materia.
Ante estos resultados, Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, advirtió sobre las consecuencias que puede tener esta percepción para la confianza institucional.
“En un contexto de crisis de confianza persistente, resulta especialmente preocupante el alto desprestigio de las instituciones asociadas a los tres poderes del Estado que se ha instalado en la ciudadanía. La fuerte asociación a corrupción de estas instituciones nos habla de una importante erosión de la confianza en el correcto funcionamiento de la democracia”.
¿Y los municipios?
Los gobiernos locales también obtuvieron resultados desfavorables en el estudio. Solo un 19% de los encuestados considera que las municipalidades son transparentes al rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos, mientras que un 29% cree que cuentan con las herramientas necesarias para prevenir actos de corrupción.
A esto se suma que un 46% estima que autoridades locales, como alcaldes y concejales, priorizan sus intereses personales por sobre las necesidades de la comunidad.
La desconfianza también alcanza a los organismos encargados de combatir la corrupción. Un 44% de los participantes declaró no confiar en estas instituciones, frente a un 22% que manifestó confianza.
Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, planteó la necesidad de adoptar medidas para enfrentar el problema y recuperar la credibilidad de las instituciones.
“El deterioro institucional que estamos viviendo nos pone la urgencia de tomar medidas decisivas para enfrentar y frenar los casos de corrupción, recuperar la confianza y por sobre todo dotar a las instituciones de las herramientas efectivas para recomponer su credibilidad".
Medidas para prevenir la corrupción municipal
El informe también identificó las principales medidas que la ciudadanía considera necesarias para mejorar la probidad en los municipios.
La prioridad más mencionada fue aumentar el control de los recursos públicos, con un 56% de las preferencias. Le siguieron investigar y sancionar las faltas de probidad, con un 51%, y transparentar los criterios para entregar ayudas sociales, con un 50%.
Las exigencias también abarcan el funcionamiento de la administración pública. Ante una eventual reforma al empleo público, un 61% de los encuestados señaló que la transparencia en los criterios de selección de funcionarios debe ser una prioridad.
