Durante la tarde de este martes, se desarrolla una manifestación en el frontis del Ministerio de Justicia para protestar contra la gestión del ministro Fernando Rabat por las rebajas de condenas concedidas a 56 agresores sexuales de menores de edad.
En el lugar se han congregado más de un centenar de organizaciones, principalmente feministas, para expresar su rechazo a las decisiones adoptadas por la cartera.
Ante la movilización, personal policial se encuentra resguardando las dependencias del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con los primeros reportes, una persona habría resultado lesionada durante la protesta. Se trataría de un adulto mayor que participaba en la manifestación y que presuntamente habría recibido un golpe en la cabeza. Por ahora, estos antecedentes deben ser confirmados oficialmente.
Manifestantes exigen renuncia de ministro Rabat
"Es impresentable que se liberen a 56 condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, a violadores de derechos humanos en dictadura. Esto no es un error, es una lección, una lección que atenta contra la sociedad, pero especialmente contra las mujeres y contra los niños. Aquí hay responsabilidades políticas, hay al menos cuatro autoridades que aceptaban estas resoluciones de condenas y que tienen que renunciar", aseguró Isidora Castillo, integrante de la Red Feminista Contra la Violencia.
La movilización se produce en medio de los cuestionamientos al titular de Justicia por las rebajas de condenas concedidas a 56 agresores sexuales de menores de edad, una controversia que ha generado críticas al Gobierno y a la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat en el cargo.
La polémica ha tenido repercusiones en la opinión pública. Según los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, difundida este martes, un 77% desaprueba la gestión de Rabat en este caso, mientras que un 64% está en desacuerdo con que el Mandatario lo mantenga como ministro.
Frente a las críticas, el Gobierno ha planteado la necesidad de impulsar medidas para impedir nuevas rebajas de condena en estos casos y revisar las alternativas legales respecto de los beneficios ya concedidos.
