El Tribunal Oral en Lo Penal de Arica condenó a cuatro ciudadanos peruanos por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de migrantes y tráfico ilícito de migrantes agravado, de aproximadamente 95 víctimas, principalmente de origen dominicano, en el marco del caso denominado “Operación Desierto” y que es considerado como la mayor red de tráfico de personas migrantes descubierta en Chile.

En este caso el INDH actuó como querellante por tráfico ilícito de migrantes y por asociación ilícita para estos fines.

Por su participación en calidad de autores del delito de asociación ilícita para el tráfico de migrantes, fueron condenados Reyna Huaringa Maquera, Kliver Zarate Sunción, Yemeyel Morales Álvarez y Kharlo Zarate Sunción, a las penas de presidio de 5 años y un día para los dos primeros culpables, y de seis y diez años para los otros condenados.

En tanto por el delito de tráfico ilícito de migrantes se condenó a Reyna Huaringa y a Kliver Zarate a la pena de diez años y un día; y a Kharlo Zarate Sunción  y A Yemeyel Morales Álvarez, a once y doce años de cárcel, respectivamente. Además deberán pagar una multa de cincuenta unidades tributarias.

A las anteriores penas se suman las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, pérdida de derechos políticos, y la inhabilitación para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.

Cabe señalar que las condenas por ambos delitos se suman y que son de cumplimiento efectivo.

Adjuntamente el tribunal acogió  la demanda civil interpuesta por el Servicio Jesuita al Migrante y por la Corporación Humanas, en representación de algunas de las víctimas, señalando  que el daño moral que se produjo deberá ser indemnizado pagándole cuatro millones de pesos a cada una.

La mayor red de tráfico en Chile

La investigación se inició en 2016 y respecto de la cual se obtuvo en su momento la extradición desde el Perú de gran parte de los imputados.

Según se estableció, el grupo captaba a ciudadanos dominicanos en su país de origen ofreciéndoles bajo engaño trasladarlos hasta Chile, con la promesa de entregarles visas de trabajo. Para ello, cobraban sumas entre los 700 a los 3 mil dólares.

Tras ello, las personas eran trasladadas por vía aérea hasta Colombia o Ecuador, para seguir su camino por vía terrestre, ya fuera en buses, camionetas o automóviles, hacia Perú. En este último país, la red tenía habilitadas casas de acopio de personas en Sullana, junto a la frontera con Ecuador, y también en Tacna.

La indagatoria estableció que en Tacna la organización ocupaba las dos rutas relatadas para ingresar ilegalmente a las personas a nuestro país.

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