El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó la situación de la megatoma en San Antonio, donde más de 11.000 personas esperan el desalojo programado para el 27 de febrero, explicando los desafíos que implica este proceso y las alternativas en evaluación para evitar el uso de la fuerza pública.
El Ministerio de Vivienda, liderado por Carlos Montes, trabaja en conjunto con los propietarios del terreno y los habitantes para buscar soluciones. Una de las opciones en estudio es la compra del terreno mediante la conformación de cooperativas, mecanismo en el que ya han participado cerca de 2.000 familias.
Cordero enfatizó que esta es la mayor toma del país, con más de 4.000 familias involucradas. "Es la mayor toma del país. Son 4.000 familias, más de 10.000 personas", señaló.
Explicó que el caso de San Antonio se da en un contexto en el que la Corte Suprema modificó su jurisprudencia en materia de ocupaciones ilegales, agilizando los desalojos mediante el recurso de protección.
"En Chile, las usurpaciones de terreno, ya sean violentas o pacíficas, tradicionalmente se resolvían por la vía civil o penal, lo que tomaba mucho tiempo. Sin embargo, la Corte Suprema comenzó a utilizar el recurso de protección como una acción expedita para ordenar desalojos", detalló el subsecretario.
Un desalojo complejo y programado en San Antonio
A diferencia de otros operativos similares, Cordero señaló que el tamaño de la toma de San Antonio hace que el desalojo sea un desafío inédito. "Muchas de estas sentencias ya se han ejecutado con Carabineros, municipios y el Ministerio de Vivienda, pero en escalas más acotadas", explicó.
El tribunal ha ordenado que el desalojo sea realizado de manera "razonable y programada", lo que implica que no podrá ejecutarse de inmediato debido a la cantidad de personas involucradas y a la complejidad logística del proceso.
El subsecretario afirmó que se trabaja en una solución que contemple tres principios fundamentales:
- No legitimar la toma como un acto ilícito.
- Respetar los derechos de los propietarios del terreno.
- Proveer una alternativa habitacional para quienes no tienen acceso a una vivienda.
"Encontrar un equilibrio entre los derechos de los ocupantes y los dueños es difícil, pero esencial", sostuvo Cordero, reiterando que cualquier solución debe ajustarse a los principios legales y ofrecer una respuesta justa para todas las partes involucradas.
Finalmente, el subsecretario enfatizó que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales sin dejar de lado la necesidad de soluciones habitacionales adecuadas.
"Uno no puede legitimar un acto como una toma", concluyó, subrayando que el objetivo es encontrar una alternativa viable que respete tanto la propiedad privada como el derecho a la vivienda.
