El juzgado de garantía de Pozo Almonte decretó la prisión preventiva de los dos militares bolivianos detenidos esta semana en territorio chileno cuando intentaban sacar del país un camión robado. Ambos imputados fueron formalizados por los delitos de porte ilegal de armas prohibidas de uso bélico, contrabando y receptación de vehículo.
El fiscal jefe Milton Torres explicó que los hechos ocurrieron el 2 de noviembre pasado, en el sector de Coipasa, comuna de Colchane, cerca de las 21:00 horas, cuando personal de Carabineros y el Ejército de Chile resguardaban un camión tolva avaluado en 35 millones de pesos, que había sido previamente robado desde una faena ubicada en la comuna de Camiña, que mantenía daños en su chapa de acceso y que estaba abandonado en el sector.
En esas circunstancias advirtieron la aproximación de un jeep procedente del sector fronterizo y al acercarse para efectuar una fiscalización, el vehículo huyó, logrando interceptar a los dos imputados que intentaron huir a pie.
Los detenidos son un teniente del Ejército y un subteniente de la Fuerza Aérea de Bolivia, quienes portaban una pistola semiautomática marca Glock y un subfusil, ambos con cargador y municiones, además de una granada lacrimógena.
El fiscal detalló que se revisó el celular de los imputados comprobando que mantuvieron comunicaciones con terceros aún no identificados destinadas a coordinar el paso de vehículos desde Chile a Bolivia por pasos no habilitados de la frontera.
En lo específico, habrían intercambiaron información sobre cantidades y características de vehículos, horarios de desplazamiento, condiciones del terreno, presencia de luces en el sector fronterizo y oportunidades para efectuar su traslado, además de referencias al pago de determinadas sumas de dinero.
Además, el mismo 2 de noviembre, uno de los imputados sostuvo comunicaciones relacionadas con el camión tolva que estaba inmovilizado en territorio chileno, solicitando a terceros la concurrencia de una grúa o tractor para extraerlo del lugar y trasladarlo a territorio boliviano.
En la audiencia, en la que también estuvo presente el abogado del Servicio Nacional de Aduanas como querellante, el magistrado resolvió que existían antecedentes respecto de los delitos formalizados y dio lugar a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, fijando un plazo de investigación de 120 días.
