Hasta La Moneda llegaron los diputados Juan Santana (PS), César Valenzuela (PS), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC) para oficiar al Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigación (PDI) —que ahora pertenece al Ministerio de Seguridad— con la finalidad de solicitar información sobre la situación migratoria de los extranjeros condenados por delitos de drogas que obtuvieron rebaja de pena por medio de la autorización del Ministerio de Justicia.
Con el oficio, los parlamentarios esperan que se transparenten los casos, se precise cuántos de estos condenados tenían una orden de expulsión vigente, cuántos fueron efectivamente expulsados una vez que salieron de la cárcel y cuántos permanecen actualmente en Chile.
El oficio de los parlamentarios responde a la revelación de Interferencia, quienes revisaron 150 decretos de rebaja de pena a extranjeros condenados, y determinaron que al menos 115 cometieron delitos relacionados con la Ley de Drogas.
Ante la noticia, el diputado Barraza cuestionó que "el gobierno una vez más le miente a las chilenas y a los chilenos, y les miente descaradamente. Este se suponía que iba a ser el gobierno de la seguridad pública, el gobierno que que combatía el narcotráfico, que combatía el crimen organizado, que combatía la migración irregular cuando genera delincuencia". Pero resultó ser "un gobierno que trata con amor a los delincuentes y es necesario transparentar la información".
Por su parte, el diputado Valenzuela manifestó que "nunca tuvimos dudas que este gobierno iba a ser el gobierno que iba a defender a los súper ricos, pero nos sorprende que además se haya transformado en el gobierno que defiende a los narcos, a los traficantes de armas, a los violadores y a los abusadores sexuales de niños".
Lo que buscan, complementó la diputada Veloso, es que el Presidente José Antonio Kast responda "cuál es el estado de estas personas, si es que van a hacer su trabajo realmente y a decretar estas órdenes de expulsión para evitar seguir manteniendo en riesgo permanente a la población",
Asimismo, Santana señaló que la pregunta para el gobierno es "muy sencilla" y es "si es que realizaron los actos administrativos necesarios para concretar estas expulsiones por parte del Ministerio del Interior a través del Servicio Nacional de Migraciones".
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