“No he hecho nada”, con esa breve respuesta Alejandro Venegas, estudiante de derecho de 22 años, se refirió a la investigación que lo vincula con una serie de correos amenazantes que durante esta semana provocaron la suspensión de actividades en distintas universidades de Santiago.
El imputado fue formalizado por el delito de amenazas simples y quedó sujeto a firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de ingresar a las casas de estudio afectadas mientras se desarrolla la investigación. El tribunal estableció un plazo de 100 días para las diligencias.
A la salida de la audiencia, Venegas fue consultado directamente por los cuestionamientos en su contra.
—¿Cometieron un error?
—“Cometieron un error”.
—¿Por qué cometieron un error?
—“Porque es un malentendido”.
El estudiante también negó haber enviado las amenazas por correo electrónico.
—¿Y tú no hiciste esa amenaza por correo?
—“No, po', claro que no”.
Sus declaraciones se conocen mientras la Fiscalía y la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI buscan establecer cuál fue su eventual participación en el envío de los mensajes.
¿Qué se investiga y qué dice la Fiscalía?
La investigación se inició luego de que distintas universidades recibieran correos electrónicos que contenían amenazas y que generaron la suspensión de actividades presenciales por razones de seguridad.
Entre las instituciones afectadas estuvieron la Universidad de Santiago (Usach), la Universidad Diego Portales (UDP) y la Universidad Alberto Hurtado (UAH).
Durante el procedimiento también fue incautado el computador de Venegas. Desde la Fiscalía señalaron que en el equipo fueron encontradas aplicaciones que permiten conectarse mediante distintas direcciones IP.
La defensa niega que haya enviado los correos
La defensa de Venegas sostiene que el estudiante no fue quien envió los mensajes amenazantes.
El abogado defensor explicó que su representado habría recibido mensajes a través de WhatsApp relacionados con la Universidad Diego Portales y que posteriormente ingresó mediante un enlace para ver el contenido, el que habría terminado publicando en una historia de Instagram.
Tras conocer las medidas cautelares, el abogado también calificó lo ocurrido como una posible “inmadurez” de su representado por haber compartido un correo o texto que habría sido copiado desde otro perfil de redes sociales.
La Fiscalía, en tanto, deberá establecer si el imputado tuvo o no participación directa en el envío de los correos.
