Viviendas rurales con más de un siglo de historia familiar, árboles centenarios y hasta la sede social del sector están a punto de desaparecer en la comuna de El Monte. El motivo: la construcción de un nuevo enlace vial entre la Ruta 78 (Autopista del Sol) y la calle San Antonio, un proyecto para mejorar la conectividad de la zona, pero que mantiene a los vecinos en la incertidumbre ante un proceso expropiatorio que acusan de injusto e incompleto.
De acuerdo con Reportajes de Teletrece, los afectados acusan que las tasaciones están muy por debajo del valor comercial de la zona. A esto se suma una falla en el diseño de las obras, que no contempló salidas vehiculares ni peatonales para los terrenos que no serán expropiados, dejándolos completamente aislados.
"Nosotros somos víctimas, no los culpables. Tiene que haber contención, apoyo psicológico, que nos traten como personas. En la carretera a veces botan a perritos, ¿cierto? Vienen los animalistas y lo recogen. Pero a nosotros nos están dejando botados y ¿quién nos va a recoger? El Estado tiene que hacerse cargo de nosotros”, reclama Gustavo Mejías, mimbrero del sector.
Casas centenarias en la línea de demolición
Para la familia de Víctor Aranda, el anuncio golpea directo a su historia. "Mis bisabuelos llegaron a este lugar hace unos 150 o 160 años", cuenta al recorrer el patio donde por generaciones se han reunido decenas de parientes.
Las estacas instaladas por los encargados de la tasación marcan el trazado de la futura obra: el quincho familiar, los jardines y la casa principal serán demolidos.
"Son años de historia. Independiente de la plata que ofrezcan, dejar atrás todo esto... no hay dinero que lo pueda cubrir ni suplir", asegura Aranda.
"Terrenos ciegos": familias que quedarían encerradas por el nuevo enlace vial
Sin embargo, más allá de la pérdida patrimonial, la mayor contradicción del proyecto aparece en los planos de los terrenos colindantes. Gonzalo Leal Aranda, sobrino de Víctor y vecino del predio, advierte que la expropiación no consideró ningún acceso para la superficie que no será demolida.
"Quedamos sin salida. No solo yo, sino que los predios de al lado, una empresa vecina y tres familias más quedan en la misma situación: prácticamente en un terreno ciego", denuncia Leal.
Según lo que relatan los afectados, las negociaciones y mesas de trabajo se han extendido por más de un año sin resultados claros. "Hacíamos reuniones en la delegación, cerca de una al mes, y antes con la concesionaria. Pero desde el 25 de septiembre, cuando nos llegó el informe de tasación, la concesionaria literalmente no existe, desapareció", agrega Gonzalo.
"La última respuesta se me dio la semana pasada eh y en un correo dijeron que iba a pasar el tema al área de ingenieros porque no podían darme una respuesta concreta todavía, siendo que llegó un informe de tasación, que lo encuentro ridículo. Y así estamos todos". detalló
Consultada por el equipo de Reportajes de Teletrece, la empresa concesionaria a cargo del tramo de la autopista declinó entregar declaraciones.
Tasaciones cuestionadas por los expertos
El caso fue analizado en terreno por el presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), Teodosio Cayo, quien advirtió serias deficiencias metodológicas en el informe estatal.
"El plano debió haber considerado hacia dónde van a tener salida los lotes remanentes", explica el especialista.
Además, advierte que los montos fijados no reflejan la realidad: "Este tipo de construcciones, de acuerdo a la metodología usada, recoge un valor de reposición y no necesariamente el valor de mercado. La norma chilena recoge las cualidades que tiene un lugar en función de su uso y características".
Según el experto, el informe tampoco contempló bienes que elevan el valor de los terrenos rurales, como la presencia de pozos de agua, ni utilizó referencias del mismo sector.
Afectados en El Monte cuestionan cifras de expropiación: "¿Dónde me voy con esa plata?
El impacto económico es crítico para familias como la de Patricia Turrieta. En su propiedad, adquirida por su abuela hace cerca de un siglo, conviven cuatro familias distribuidas en tres casas.
Por el terreno completo y los tres inmuebles, el Estado ofreció 182 millones de pesos. Sin embargo, al dividir los recursos entre los herederos, la cifra se vuelve inviable.
"A mí me tocan 53 millones de pesos. ¿Dónde me voy a vivir yo con esa plata? Con lo que me entregan no puedo comprarme una casa ni menos un terreno", sostiene Patricia, quien calcula que una vivienda con conectividad básica en la zona bordea los 90 millones.
La mujer acusa además que las alternativas ofrecidas no dan solución habitacional: "En alguna instancia nos dijeron que nos iban a reubicar, pero después nos explicaron que la 'reubicación' consistía en prestarnos un camión para llevarnos los muebles. ¿Adónde voy a llevar mis cosas si no tengo dónde comprar ni vivir?".
Frente a estas denuncias, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas declinó responder a las consultas de Reportajes Teletrece, especialmente respecto al aislamiento que afectará a los residentes.
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