Un nuevo tipo de fraude está siendo investigado en la región de O’Higgins luego de detectarse casos donde personas habrían simulado deudas de pensión de alimentos para retirar ahorros previsionales desde las AFP, aprovechando el mecanismo creado por la llamada "Ley Papito Corazón".
Según una investigación periodística de T13, parejas se pondrían de acuerdo para crear demandas falsas ante tribunales de familia con el objetivo de obtener autorizaciones judiciales y acceder a los fondos previsionales.
"Ley Papito Corazón": Cómo funciona el mecanismo bajo sospecha
Desde mayo de 2023, la normativa permite recurrir excepcionalmente a los fondos previsionales cuando no existen otros recursos para pagar deudas de alimentos.
Sin embargo, según reveló T13, algunos casos estarían usando el sistema de forma fraudulenta: personas que mantienen una relación o acuerdos previos presentarían demandas ficticias para justificar el retiro de dinero desde la AFP.
La investigación señala que incluso existirían situaciones donde los montos retirados se dividirían entre los involucrados para evitar pagar otras deudas reales.
Fiscalía investiga casos y apuntan a eventual participación de funcionario
El Ministerio Público mantiene diligencias abiertas por posibles irregularidades detectadas en la región, donde según antecedentes preliminares, podría estar involucrado un funcionario del Poder Judicial.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni la Fiscalía de O’Higgins ni el Poder Judicial habían entregado declaraciones públicas respecto a la investigación en curso.
Fundaciones alertan sobre “pensión ficticia”
Organizaciones que apoyan a mujeres en procesos de alimentos aseguran haber detectado este modus operandi.
Según relataron, algunas personas crearían una deuda simulada mientras mantienen convivencia y gastos compartidos, con el objetivo de acceder a fondos previsionales y redirigir parte del dinero a otras obligaciones económicas.
AFPs llaman a reforzar fiscalización
A través de un comunicado, la Asociación de AFP advirtió sobre la necesidad de fortalecer los controles ante posibles fraudes, destacando que este tipo de prácticas puede afectar la sostenibilidad del sistema previsional.
Desde el Gobierno, en tanto, se enfatizó que la ley ha permitido beneficiar a más de 300 mil familias con órdenes de pago por cerca de tres billones de pesos, aunque reconocieron que los casos irregulares deben investigarse y sancionarse.
