El centro de incidencia pública Pivotes lanzó esta semana una campaña para reunir firmas ciudadanas y solicitar a los parlamentarios rechazar la norma incluida en el proyecto de ley de reajuste del sector público, ingresado al Congreso el martes 6 de enero, que a juicio de la organización constituye un grave “amarre” en la administración del Estado.
La disposición cuestionada establece restricciones adicionales para la desvinculación de funcionarios públicos a contrata en el Estado, incluidos aquellos que ingresaron sin concurso público y por razones distintas al mérito. Para Pivotes, esta norma dificulta de manera significativa la gestión futura del empleo público y consolida prácticas que requieren una discusión mucho más amplia y estructural.
“Lo que se está intentando aprobar, en el marco de una ley de reajuste, es una modificación profunda al régimen del empleo público, sin el debate público ni legislativo que un cambio de esta magnitud amerita”, señala Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes.
"Amarre" en el sector público: Los tres problemas fundamentales según Pivotes
Desde el centro de incidencia advierten que la norma presenta al menos tres problemas fundamentales:
- Legaliza la llamada ‘confianza legítima’ en el sector público sin una discusión adecuada ni una evaluación integral de sus efectos sobre la gestión del Estado, la probidad y el principio de mérito.
- Se impulsa en el último año del actual gobierno, generando un “amarre” institucional frente a una próxima administración de un signo político distinto, lo que afecta la necesaria flexibilidad para conformar equipos y gestionar políticas públicas.
- Desnaturaliza la figura de la contrata, que por ley es temporal y excepcional, transformándola de facto en una vía de estabilidad permanente, sin abordar el problema de fondo: la ausencia de una reforma integral al empleo público que modernice el sistema, fortalezca el mérito y entregue reglas claras y justas tanto para el Estado como para sus trabajadores.
Pivotes enfatiza que la precariedad y la falta de evaluación en el sector público es un problema real, pero que su solución no puede darse mediante normas parciales y transitorias incluidas en leyes de reajuste, sino a través de una reforma seria, transparente y de largo plazo.
“Amarrar al Estado sin resolver el problema de fondo no solo es irresponsable, sino que perpetúa un sistema que perjudica tanto a los funcionarios como a la ciudadanía”, agrega Juan Francisco Galli.
La campaña busca visibilizar esta preocupación y hacer un llamado a los parlamentarios a rechazar esta norma específica, abriendo el camino a una discusión profunda y transversal sobre cómo modernizar el empleo público en Chile.
La campaña está disponible DANDO CLICK AQUÍ
