Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric confirmaron que este lunes 24 de abril iniciará el Plan Calle sin Violencia en la comuna de Santiago.

Lanzan plan de seguridad en Santiago centro

Fue durante este martes que el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve; el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez; y la alcaldesa Irací Hassler participaron del anuncio de un plan de seguridad para la comuna de Santiago.

La iniciativa cuenta con el despliegue de 40 funcionarios municipales que se desplegarán por la comuna para combatir el aumento delincuencial en distintas zonas. La alcaldesa Irací Hassler afirmó que la iniciativa contempla un gasto de 750 millones de pesos.

En la instancia, el subsecretario Manuel Monsalve abordó el Plan Calle sin Violencia, indicando que su debut será este lunes 24 de abril en Santiago, jornada en la que se ahondarán en detalles.

Sin embargo, la autoridad adelantó que habrá una intervención que se focalizará en barrios con mayor presencia de delitos violentos.

"Independiente del espacio físico dónde se haga, acá hay información policial detrás del diseño de la política", indicó Monsalve.

En ese sentido, precisó que "los hechos violentos se producen en barrios, por lo tanto, si uno quiere saber en La Serena, en Concepción, o en la comuna de Coronel, o en la comuna de Santiago, en qué barrios es más probable que se produzcan delitos violentos, tiene datos y estadísticas para determinar cuáles son esos barrios, esos barrios son los que se van a intervenir".

"Tenemos la determinación de recuperar los espacios públicos para los chilenos y también tenemos la determinación de dejarle mejores instituciones al país y también tenemos la determinación de contener y controlar los delitos violentos que vulneran la seguridad de los chilenos y las chilenas", agregó el subsecretario del Interior.

Cabe destacar que serán 46 las comunas que formarán parte del plan de intervención Calles sin Violencia, que implica una persecución penal efectiva, una mayor actividad policial y fiscalización de infracciones e incivilidades en los territorios.

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