Durante esta jornada, se presentó una querella contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a raíz de la demolición de casas en el sector El Olivar de Viña del Mar, destinadas a damnificados por los incendios en Valparaíso en 2024.
La acción judicial, a la cual accedió en exclusiva Reportajes T13, fue interpuesta por la Empresa Social Arquitectura Limitada (SARQ) que figuraba como entidad patrocinante. De las 356 casas construidas por la Constructora San Sebastián, 56 fueron objeto de observaciones.
De acuerdo al documento, los informes arrojaron "observaciones", pero "ninguno sugirió paralización de obras, o demolición de las viviendas".
En marzo, el ministro Poduje acusó que las obras estaban "botadas", siendo que el Programa de Trabajo fiscalizado semanalmente por el Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo), no registraba atrasos en las obras , según la acción judicial.
Según la querella, el ministro utilizó el pretexto de "supervigilancia ministerial" y se arrogó facultades de administración directa en los contratos de El Olivar. Posteriormente, ordenó la paralización total e indefinida de las obras de construcción de las 365 viviendas. Además, prohibió que funcionarios del Serviu "autorizaran, tramitaran o realizaran cualquier actuación que implicara continuidad o avance de las obras".
¿Qué dice la querella contra Poduje por demolición en El Olivar?
El documento acusa que en abril el ministro ordenó que el director (s) del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz, instruyera a los vecinos beneficiarios a poner término anticipado a los 12 contratos de El Olivar, respecto de ambas empresas y que suscribieran una autorización para demolición.
Para ello, se requería que los Inspectores Técnicos de Obra (ITO) hubieran detectado graves fallas constructivas.
En este contexto, la querella sostiene que por instrucciones de Poduje, el 10 de abril los funcionarios del Serviu recibieron un correo electrónico desde el Minvu, donde les entregaban instrucciones para elaborar informes basados en conclusiones de la DITEC (División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional).
La acción judicial precisó que los inspectores se negaron, pero habrían sido "presionados de forma persistente a emitirlos", lo que finalmente hicieron el 13 de abril de 2026, bajo amenazas de graves sanciones, antedatado dichos informes a fecha 9 de abril.
En concreto, las amenazas habrían sido realizadas por el director (s) del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz y el seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso, Marcelo Ruíz, quienes también forman parte de la querella.
Con esta información "ideológicamente falsa y manifiestamente injusta", los vecinos firmaron los documentos para suscribir la desvinculación de los contratos y la autorización de demolición.
El 21 de abril, los vecinos fueron citados por el Serviu para firmar la desvinculación contractual de las empresas SARQ y San Sebastián, además de la demolición de sus viviendas por las supuestas "graves fallas constructivas" acusadas por el ministerio.
La querella también precisa que en el caso de quienes consultaron si podían seguir trabajando con la empresa, porque sus viviendas no formaban parte de las afectadas, la respuesta fue negativa y argumentaron que “la constructora se encontraba suspendida”. Además, se les indicó que si no firmaban quedarían "en el limbo" y fuera de los programas de reconstrucción.
Dentro de los delitos imputados a Poduje y otras autoridades del Minvu se encuentra la prevaricación administrativa reiterada por dictar resoluciones manifiestamente injustas y fuera de sus competencias legales y la falsificación ideológica de instrumento público al faltar a la verdad en hechos sustanciales y presionar a funcionarios para antedatar documentos.
A esto se suma el uso malicioso de instrumento público falso y fraude al Fisco, relacionado a la orden de demoler casas de forma innecesaria, provocando perjuicio económico al Estado.
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