La Defensoría de la Niñez interpuso un recurso de protección contra la contralora general de la República, Dorothy Pérez, para frenar un requerimiento dirigido al Ministerio de Salud que exige la entrega de información sensible de pacientes del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), que incluye a niños, niñas y adolescentes.
¿Por qué la Defensoría de la Niñez interpuso recurso contra Dorothy Pérez?
La acción judicial busca impedir que se ejecute un oficio enviado por la Contraloría a la cartera de Salud, en el que se pide información detallada sobre quienes participan en la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y en el Programa de Salud Trans.
Según consignó el medio La Tercera, a través del recurso presentado por la Defensoría, se argumenta que la solicitud "atenta contra las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, afectando el derecho a la vida e integridad psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley, principio de no discriminación arbitraria y el derecho a la vida privada".
El organismo enfatiza que la información solicitada (como RUT, nombre registral y social, fecha de nacimiento, sexo registral, identidad de género, fechas de ingreso y egreso de los programas, establecimiento de salud donde se tratan y estado de vigencia) corresponde a antecedentes especialmente resguardados por la normativa vigente, dado que se trata de menores de edad y de datos catalogados como sensibles.
De acuerdo con el citado medio, desde la Contraloría se ha señalado que el requerimiento tiene como finalidad fiscalizar el uso de recursos públicos asociados a estos programas. Sin embargo, la Defensoría sostiene que la petición “atenta contra estándares internacionales vinculantes para el Estado de Chile, así como normativa de rango constitucional y legal, y siendo de naturaleza especialísima, vinculada a la protección reforzada de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial de su vida privada, datos personales y sensibles”.
El recurso también cuestiona la legalidad y proporcionalidad de la actuación de la Contraloría.
La controversia se origina en un oficio fechado el 16 de enero, mediante el cual la contralora reiteró su solicitud de antecedentes luego de que la Subsecretaría de Redes Asistenciales se negara a entregar la información individualizada requerida.
