El 16 de abril de 2024, José Antonio Pavez Canessa-uno de los principales imputados en el denominado megafraude tributario- fue notificado de su traslado desde el Anexo Capitán Yáber hacia la cárcel Santiago 1.
Según denuncia en una carta manuscrita dirigida al Primer Juzgado de Garantía de Santiago, la medida fue ejecutada por orden de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería, basándose -según la denuncia- en su orientación sexual.
En su escrito, al cual tuvo acceso T13.cl, Pavez relata que se le indicó que, "por su condición de gay", no podía permanecer en el anexo penitenciario, donde cumplía prisión preventiva por disposición judicial desde julio de 2024, debido a situaciones previas de amenazas y riesgo para su integridad en Santiago 1.
Pese a oponerse, señala que fue esposado, incomunicado y retirado sin sus medicamentos ni pertenencias personales.
Condiciones "inhumanas" en Santiago 1
Al llegar a Santiago 1, Pavez fue ingresado a un módulo con condiciones deplorables: sin cama, sin luz, sin acceso a agua potable y rodeado de chinches, arañas y otros insectos.
Afirma que sus pertenencias quedaron retenidas, se le negó su ropa y fue recluido en un calabozo sin ventanas, bajo temperaturas extremas y sin contacto con su abogado ni familia.
El imputado sostiene que en este penal ya había recibido amenazas de muerte anteriormente y que incluso funcionarios médicos constataron su preocupación al verlo nuevamente en ese lugar. Pese a que existía un fallo judicial que ordenaba su permanencia en Capitán Yáber por seguridad, este no habría sido respetado por Gendarmería.
En la carta, Pavez acusa directamente a altos mandos de Gendarmería de abuso de poder, discriminación y represalias. Relata que la decisión de traslado se originó tras denunciar en enero a un exsuboficial de Gendarmería -Miguel Carrasco, condenado en 2023 por torturas- con quien protagonizó un altercado en Santiago 1, donde fue víctima de insultos homofóbicos y amenazas.
Según sostiene, "por denunciar se me traslada, sin aviso, atropellando todos mis derechos". Añade que teme por su vida y que existe un riesgo concreto de que se simule un accidente o agresión fatal dentro del penal.
Frente a esta situación, su defensa, encabezada por el abogado Ilan Falkas, anunció la presentación de una cautelar de garantías ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, con el objetivo de que se ordene su regreso a Capitán Yáber y se resguarden sus derechos fundamentales.
Finalmente, el jurista argumenta que este traslado "vulnera una disposición judicial vigente" y pone en riesgo su integridad física y emocional, por lo que se solicitarán también nuevas medidas de protección.
