Ocho integrantes de la célula del Tren de Aragua fueron condenados por trata de personas con fines de explotación sexual. La organización operaba en el histórico Portal Fernández Concha, ubicado en la Plaza de Armas de Santiago.
Entre los condenados aparece Lewin Ponce Ortiz, ciudadano venezolano de 29 años, a quien la investigación identificó como el líder de la organización y quien coordinaba su funcionamiento.
Según expuso la fiscal Carolina Suazo durante el juicio, Ponce Ortiz mantenía el control sobre las víctimas y definía qué integrantes de la banda quedaban a cargo de retenerlas en los distintos departamentos utilizados, para posteriormente explotarlas sexualmente.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, la organización operó entre 2021 y 2023 en el centro de Santiago. La Fiscalía estima que, solo en un período de 16 meses, obtuvo ganancias que superaron los $1.700 millones.
Así operaba la red de explotación sexual en el Portal Fernández Concha
La investigación estableció que varias de las víctimas fueron captadas en Venezuela mediante falsas ofertas de trabajo en locales nocturnos. Sin embargo, al llegar a Chile descubrían que debían pagar una supuesta deuda que fluctuaba entre los $3 millones y $5 millones.
A esa obligación se sumaba un pago semanal que debía realizar cada víctima, el que oscilaba entre $60 mil y $80 mil.
Sin documentación, lejos de sus familias y sin redes de apoyo, muchas de ellas permanecían bajo constantes amenazas, situación que quedó reflejada en el propio veredicto del tribunal.
"Las jóvenes se encontraban bajo tal nivel de amenazas hacia ellas o sus familias, que preferían continuar bajo el alero de sus tratantes o huir sin que ellos fueran sancionados".
La investigación también estableció que otros integrantes de la organización cumplían funciones de coordinación.
Según la Fiscalía, José Rodríguez Milano, conocido como "José Victoria", y Luis Osal Rodríguez participaban en la captación y explotación de las víctimas.
Este último habría seguido ejerciendo control mientras permanecía en prisión preventiva en Santiago Uno.
El veredicto señala que Osal Rodríguez "ejercía control desde el recinto penitenciario en que se encontraba recluido, y amenazaba a sus 'multadas' mediante videollamadas".
Entre las víctimas también se encontraba una adolescente venezolana de 17 años, quien fue rescatada por funcionarios de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI durante la denominada Operación Turquesa.
Debido al riesgo que enfrentaba, la Fiscalía debió coordinar medidas especiales. "Fue necesario coordinar medidas de protección especiales, como la relocalización en un tercer país, dado que existía riesgo para el retorno asistido a su país de origen, como para su permanencia en Chile".
El juicio se extendió durante 49 jornadas. Aunque ninguna de las víctimas declaró presencialmente durante el proceso, el tribunal concluyó que existían pruebas suficientes para acreditar los hechos, entre ellas registros telefónicos, seguimientos policiales, peritajes y otros antecedentes reunidos durante la investigación.
La sentencia será dada a conocer en las próximas semanas. De acuerdo con la Fiscalía, los ocho condenados arriesgan penas que pueden llegar al presidio perpetuo.
