Durante meses, una organización criminal operó en pleno centro de Santiago. Mientras miles de personas circulaban diariamente por la Plaza de Armas, decenas de mujeres eran vigiladas, amenazadas y obligadas a ejercer la prostitución. Estos antecedentes, revelados por Reportajes Teletrece, formaban parte de una indagatoria liderada por la Fiscalía Centro Norte que culminó con la condena a presidio perpetuo para ocho miembros de esta célula del Tren de Aragua en Chile, tras acreditarse su participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
La investigación que se inició formalmente tras el rescate de una menor de edad el 28 de noviembre de 2022 en la denominada "Operación Turquesa", dejó al descubierto un millonario negocio criminal que generó entre el 2021 y enero del 2023, ingresos estimados en más de 1.700 millones de pesos. Lo que parecía comercio sexual callejero escondía una estructura delictiva que habría esclavizado a más de 100 mujeres en el corazón de la capital.
Según dio por acreditado el 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la organización captaba a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en Venezuela o Perú bajo falsas promesas de trabajo. Una vez coordinado su traslado ilegal a Chile a través de pasos fronterizos no habilitados se les imponía una deuda ficticia o "multa" de entre 3 y 5 millones de pesos. Poco quedaba para sus gastos personales o para enviar dinero a sus familias. Sin documentación, sin redes de apoyo quedaban simplemente atrapadas. Y la desobediencia era duramente castigada. No pagar el dinero que se les exigía podía terminar con un brutal castigo a estas prisioneras.
"En dos casos que se pudo establecer, las víctimas sufrieron lesiones producto de disparos, denominados de acuerdo a la terminología de la organización criminal "patero" que corresponden a impactos de bala recibidos por las víctimas en la zona entre la rodilla y pie cuando no cumplían con el pago de la deuda", comentó la fiscal Carolina Suazo.
Durante el juicio, la Fiscalía Centro Norte logró acreditar que la estructura criminal era liderada por el ciudadano venezolano Lewin Ponce Ortiz. Bajo su mando, José Rodríguez Milano (alias "José Victoria") y Luis Osal Rodríguez coordinaban la captación y explotación de las víctimas. Sin embargo, el antecedente más alarmante de la causa revela que Osal continuó dirigiendo parte de estas operaciones ilícitas tras las rejas, operando desde el interior del Centro de Detención Preventiva Santiago Uno.
En la sentencia, los magistrados advirtieron que “la multiplicidad de mujeres utilizadas como objeto de explotación, limitándoles todos sus derechos e incluso lesionándolas gravemente en caso de desobedecer las órdenes de la organización, son acciones que merecen el mayor castigo; en efecto, el denominado "patero" o disparo en la pierna utilizado como sanción (...) evidencian el mayor desprecio de los sentenciados por la vida, integridad física, psicológica y dignidad de las jóvenes objeto de explotación, constituyendo conductas que lesionaron derechos humanos protegidos tanto por la ley como por la Constitución Política de la República, mereciendo por ello el mayor reproche".
