El senador por Magallanes, Karim Bianchi, busca frenar el eventual traslado de Ronald Quiñones Quintero desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta la cárcel de Punta Arenas.
Quiñones, de nacionalidad ecuatoriana, se encuentra formalizado por homicidio calificado, secuestro y otros delitos. También es señalado como vinculado a la banda denominada “Sicarios del Gran Concepción”.
Frente a esa situación, Bianchi decidió recurrir directamente a las autoridades penitenciarias y del Ejecutivo. El 25 de septiembre de 2026, ingresó una petición de oficio, tramitada a través de la Presidencia del Senado, dirigida a los ministros de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, además del director nacional de Gendarmería.
La preocupación del senador apunta a una pregunta concreta: ¿el penal de Punta Arenas tiene las condiciones necesarias para recibir a un interno de estas características?
Bianchi cuestiona el traslado a Magallanes
El parlamentario cuestionó que se puedan disponer traslados de internos de alta peligrosidad sin considerar previamente las capacidades del recinto que los recibirá.
“No sacamos nada con que todos hagan su trabajo si la justicia manda a delincuentes peligrosos a donde no hay condiciones. Exigimos que ningún traslado se disponga sin acreditar previamente la seguridad del recinto, porque el centro del país no puede deshacerse de estas verdaderas lacras usando a las zonas extremas como vertedero”, afirmó.
En su presentación, Bianchi plantea que las decisiones judiciales sobre el traslado de internos deben considerar también las evaluaciones técnicas realizadas por Gendarmería y las condiciones concretas de cada establecimiento.
Su argumento es que enviar a un interno de alta peligrosidad a una cárcel sin la infraestructura necesaria podría aumentar los riesgos tanto dentro del recinto como para quienes trabajan allí y para la comunidad de la región.
El oficio no se limita a cuestionar el traslado. Bianchi pidió conocer los antecedentes técnicos que llevaron a considerar Punta Arenas como destino para el interno.
Entre ellos se encuentra el informe de evaluación de riesgos elaborado por Gendarmería respecto de Quiñones y su eventual llegada al complejo penitenciario de la capital regional.
También solicitó información sobre el módulo en el que sería ubicado, su clasificación y los estándares de seguridad disponibles. En particular, pidió saber si existen condiciones de aislamiento efectivo e infraestructura adecuada, además de controles telemáticos o estructurales para internos de alta peligrosidad.
Otro de los puntos planteados tiene que ver con las medidas que se adoptarían si finalmente se concreta el traslado. El senador pidió conocer si habrá refuerzo de personal y qué controles se implementarán para evitar que el interno pueda establecer o ampliar redes delictuales al interior del recinto.
La discusión por Gendarmería y el Ministerio de Seguridad
Bianchi también aprovechó el oficio para cuestionar la demora del Ejecutivo en las reformas relacionadas con el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad.
A juicio del senador, este proceso institucional es relevante para abordar de mejor manera la distribución de internos de alta peligrosidad entre los distintos recintos del país.
En paralelo, destacó medidas que se están impulsando en Magallanes en materia de seguridad, entre ellas el control biométrico y el proyecto para una escuela de Carabineros.
Su planteamiento es que esos avances no deberían verse acompañados por el traslado de internos que, según los antecedentes expuestos, requieren condiciones penitenciarias especiales.
“A Magallanes no ingresa el crimen organizado, menos de esta forma; exigimos que esta decisión judicial sea revisada de inmediato”, sostuvo.
