Lo que busca como principio el Proyecto de Ley “Ricarte Soto”, es generar una forma de protección económica para el manejo de enfermedades cuyo tratamiento es de alto costo.
Pero pese a que la Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF) la considera una “excelente iniciativa”, como punto de partida en la búsqueda de equidad, los expertos se manifestaron preocupados porque “han surgido modificaciones sustanciales a otras normas del Código Sanitario, que pueden impactar negativamente al propósito de esta ley y que dicen relación con la regulación de los ensayos clínicos en nuestro país”, advierten.
“De aprobarse sin una adecuada revisión, pueden producir fuertes limitaciones en la realización de investigación científica y con ello, perjudicar el avance en el descubrimiento y aplicación de nuevas terapias”, critican desde la Sociedad.
La iniciativa legal está en su segundo trámite en el Senado -con discusión inmediata- y se pretende que sea aprobada en las próximas sesiones, para ser presentada el 21 de mayo.
Ocurre que el texto de la norma hace mención a que los patrocinadores, investigadores y centros de investigación serán responsables de “cualquier daño”, aunque este no sea atribuible al estudio, prevenible o evitable, en base al estado del conocimiento médico - o de la ciencia-, al momento de realizarse el ensayo.
“Lo aceptable en investigación médica a nivel mundial, es que sólo aquellos efectos dañinos directamente atribuibles al ensayo, sean cubiertos a todo evento y esto exige una mayor precisión por parte de la ley”, explican.
Además se plantea el derecho que tiene la persona que ha participado en un estudio, a la continuidad gratuita de los tratamientos recibidos conforme al protocolo de estudio, “lo que nos parece de toda justicia y lo apoyamos, pero esto sin duda requiere una mayor precisión en sus condiciones de aplicabilidad y factibilidad, para no caer por ejemplo en situaciones de empleo inadecuado de un medicamento o insumo médico, solamente porque se exigirá legalmente”, opinan.
Para los especialistas, el proyecto debe ser “urgentemente revisado” por entidades técnicas con experiencia y se debe evitar “desincentivar” la investigación científica en nuestro país.