Diferentes sumarios se han abierto contra funcionarios de Carabineros desde el comienzo del estallido social. De ese modo, más de mil investigaciones administrativas han determinado sanciones como la baja de 20 efectivos policiales.
Los fiscales internos de Carabineros fueron los responsables de plantear estas medidas en los casos donde los funcionarios se alejaron de los protocolos de actuación y uso de la fuerza, y en hechos graves de apremios ilegítimos.
Sin embargo, estos uniformados aún se mantienen dentro de la institución, según consignó La Tercera, ya que aún falta que culminen las instancias de apelación de los casos para concretar las bajas.
Entre algunos de los hechos donde la baja ya fue decidida por la institución, están los siete uniformados involucrados en la golpiza a un joven en Puente Alto ocurrida el pasado 2 de febrero.
Otra propuesta de esta sanción involucró a ocho funcionarios por la golpiza a un manifestante en Plaza Ñuñoa el 25 de octubre. En este caso a los carabineros se les imputó el delito de tortura y cuya causa está judicializada en la Fiscalía Oriente.
Pero uno de los sucesos más graves dentro del estallido social fue el ocurrido con Gustavo Gatica, quien perdió sus dos ojos por el impacto de perdigones en el contexto de una manifestación ocurrida el 8 de noviembre.
La investigación del caso aún no determina a los responsables pese a que se tiene identificados a los carabineros que realizaron los disparos aquél día. Esto, ya que no se ha logrado establecer quién de ellos fue el que hirió al joven.
Finalmente, el jefe jurídico del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, aseguró al diario que “cualquier sumario tiene que cumplirse el respeto al debido proceso, pero dicho lo anterior, las cifras parecen bajas. Tanto el número de sumarios abiertos, si se considera que son miles las denuncias recibidas por el INDH y la fiscalía, así como la baja de los funcionarios, si se considera que son miles los casos en que hemos constatado graves violaciones a los derechos humanos”.